La Justicia permite al cura Moure seguir dirigiendo sus geriátricos

El cura Benigno Moure va consiguiendo su propósito de no ingresar en la cárcel y de mantenerse en la presidencia de la Fundación San Rosendo. Pese a que el Supremo lo condenó en mayo, en sentencia firme, a una pena de cinco años de cárcel y otros cinco de inhabilitación para presidir, gestionar o representar a instituciones asistenciales, Moure sigue en libertad y en su puesto. Ha alegado una enfermedad grave y la Audiencia de Ourense ha paralizado la ejecución de la sentencia. En la fundación asistencial trabajan 1.300 personas y contó este año con un presupuesto de 42 millones de euros.

El sacerdote sigue dirigiendo el entramado empresarial, constituido en 1992 con patrimonio traspasado desde Cáritas Diocesana e integrado por 54 centros, 48 dedicados a la tercera edad. En uno de ellos estuvo ingresada la anciana María Vázquez Covelo, a la que Moure, según la sentencia, "estafó aprovechándose de su deterioro progresivo" (Alzheimer) tras "urdir una trama" para "traspasar su patrimonio completo" (600.000 euros) a la fundación.Desde que el Supremo hizo firme la condena emitida en abril de 2008 por la Audiencia Provincial de Ourense, los abogados del cura, y también la Iglesia orensana, iniciaron una carrera por evitarle ambos castigos. Primero, tras un breve ingreso en el hospital aquejado de un problema urinario, solicitaron a la Audiencia de Ourense la suspensión temporal de la ejecución de la pena de cárcel por padecer una "enfermedad grave con procedimientos incurables". Después, recogieron firmas en iglesias y asociaciones sociales para pedir el indulto al Consejo de Ministros. Para cumplir este trámite, la fundación contrató como letrado a un hijo del fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido.

La "grave enfermedad" que le libraría definitivamente de la cárcel será determinada por el Imelga (el Instituto de Medicina Legal de Galicia) al que la Audiencia de Ourense ha solicitado un informe. Mientras éste no llega, Moure sigue presidiendo la Fundación. "Y va a seguir haciéndolo por mucho tiempo", recalcan fuentes de la entidad asistencial, que reconocen que ni se han planteado buscarle sustituto. El propio Moure ratifica esta declaración. "La Audiencia de Ourense dictaminó el 29 de julio que tengo todas las facultades para seguir presidiendo la Fundación y eso es lo que voy a hacer. Y no tengo nada más que añadir", aseguró ayer a este diario.

Contra esta decisión de la Audiencia de Ourense, que "extiende la inejecución de la pena principal, de cárcel, a la accesoria, de inhabilitación para el cargo", se ha pronunciado tanto la acusación particular como la Fiscalía orensana. El fiscal jefe en funciones de la provincia, Carlos Valenzuela, envió el 24 de julio un escrito a la Audiencia reclamando que obligue al sacerdote a cumplir la pena accesoria que le inhabilita para presidir la Fundación. "No procede dejar sin efecto la pena accesoria de la inhabilitación", señala el fiscal, argumentando que el acuerdo de la propia Audiencia del pasado mes de junio fue el de "suspender el requerimiento fijado para el ingreso en prisión hasta que se compruebe el estado físico" del cura. El fiscal jefe destaca que la Audiencia "debe mantener el cumplimiento de la pena accesoria" del condenado que le inhabilita para continuar en el cargo que ocupa.

La acusación particular se expresa en los mismos términos e incluye, en su escrito a la Audiencia, una circular, de 2005, de la Fiscalía General del Estado en la que consta la distinta naturaleza de las penas de prisión y de inhabilitación para cargos y en la que destaca que la Ley sólo contempla "la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad, y no de las accesorias". La acusación particular no sólo reclama a la Audiencia "sin más dilación" la ejecución de la pena de inhabilitación, sino incluso que lo haga cumplir "forzosamente".

Sin embargo, tanto el condenado como la Fundación San Rosendo tienen claro, a la vista del pronunciamiento de la Audiencia de Ourense que "va a seguir todo igual, la Fundación no cambiará de presidente". Mientras paralizan las penas, los letrados de Moure se emplean en la solicitud paralela del indulto al Consejo de Ministros, que basan en la condición de "luchador" y en la "trayectoria intachable" de quien definen como "uno de los ciudadanos más ejemplares" de la provincia.

El denunciante del cura, César Vázquez, sobrino de la anciana estafada, recogió esta semana en la Audiencia de Girona, en donde vive, un exhorto que le remitió la Audiencia orensana en el que se le recaba su parecer "como ofendido" respecto al indulto. "Naturalmente, estoy en contra", dice. Vázquez se declara "perplejo", y sostiene que "si Moure está bien para presidir la fundación, lo está también para ir a prisión".