El pasado contra Garzón

En este país no resulta sencillo remover la tierra ni tampoco la memoria. Se ha afirmado que el régimen franquista ya ha sido juzgado por la Historia. Sin embargo, las gravísimas violaciones de derechos humanos que en dicha etapa se cometieron debieran haber sido juzgadas por seres humanos de carne y hueso, a través de los tribunales propios de una sociedad civilizada. La transición pactó el olvido a cambio de una apuesta por la convivencia. Pero ahora ya no debieran existir los citados riesgos, por lo que habría de primar la búsqueda de la verdad y la reparación histórica de los vencidos en la contienda, con la finalidad última de profundizar en una pedagogía democrática, en la línea de lo que han practicado otros países europeos. En palabras de Habermas, la única salvación de las víctimas sería el recuerdo de lo que ocurrió.

Sin embargo, las desproporcionadas resistencias de determinados sectores sociales, políticos y religiosos han impedido a las instituciones la recuperación de esta memoria democrática. Y estas voces reiteran de manera muy virulenta su pretensión de pasar página sin permitir que antes pueda ser leída, así como su exigencia de que olvidemos lo que aún no hemos podido conocer. Como sabía Orwell, quien controla el presente también controla el pasado. No puede sorprender que en este contexto se produzca un enérgico acoso contra el único juez que ha llevado adelante una investigación sobre los crímenes perpetrados durante nuestra guerra civil.

En el ámbito judicial existe pleno respeto por la decisión de admitir a trámite la querella contra Garzón. Y también absoluta confianza en que los órganos competentes del Tribunal Supremo resolverán el asunto desde los principios de independencia e imparcialidad y con aplicación de las normas adecuadas al caso concreto. Pero no podemos ignorar que se han pronunciado opiniones muy sólidas en el ámbito jurídico que consideran inviable que pueda prosperar una condena por prevaricación, al encontrarnos ante decisiones legítimas de un magistrado instructor que ha actuado en la esfera de su independencia protegida constitucionalmente. En este sentido, la posibilidad de investigar esta materia se encuentra amparada por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que considera imprescriptibles los crímenes contra la humanidad. Y la naturaleza de esta instrucción parecía justificar que el órgano competente fuese la Audiencia Nacional. Resulta un contrasentido que nuestros tribunales hayan juzgado hechos similares ocurridos en otras partes del mundo y que ahora no puedan analizar lo sucedido en nuestro propio país. Dicha perspectiva doctrinal cuenta con visiones contrarias, algunas de la cuales han quedado expresadas en distintas resoluciones. No obstante, las propias discrepancias judiciales, así como la ponderación de las normas internas y las de derecho internacional, nos demuestran la complejidad de la materia y la enorme dificultad de encajar lo que representa una temática opinable en una conducta delictiva consistente en adoptar decisiones injustas a sabiendas.

Resulta notorio que determinadas actuaciones jurisdiccionales de Garzón le han generado un rastro plagado de detractores, adversarios y enemigos. No obstante, sería injusto desdeñar sus evidentes aportaciones a la causa de los derechos humanos o desconocer sus importantes esfuerzos en la persecución de delitos que han provocado gran alarma social en nuestro país. Todavía parece más lamentable que bastantes de los que antes le jaleaban ahora estén reclamando su defenestración. Se ha asegurado que Garzón intentó enjuiciar el pasado. Y ahora parece que estos ecos de nuestro pasado se revuelven contra él para intentar juzgarlo y condenarlo. Resulta sintomático que sea precisamente su investigación sobre la Guerra Civil la que ha desencadenado el ataque más intenso contra su integridad profesional.

Mientras tanto, en algunos ámbitos parece aceptarse con cierta naturalidad la permanencia de vestigios del régimen anterior. El Ayuntamiento de Valencia opta por mantener para Franco el título de alcalde honorario. Al mismo tiempo, no facilita a los parientes de represaliados el acceso a las fosas comunes del cementerio municipal. Y nuestro arzobispado prefiere no retirar de las fachadas de los templos los símbolos preconstitucionales de exaltación de la dictadura. A pesar del transcurso del tiempo y de los indudables cambios sociales, resulta inevitable no detectar secuelas presentes de aquella guerra y de la larga dictadura que le siguió. Entre ellas se mantiene la tremenda miseria moral que supone para nuestra sociedad que sigan enterrados miles de demócratas junto a las cunetas como si fueran animales. Se trata de ese pasado que no hemos conseguido cerrar con dignidad, de ese pasado que ahora parece querer perseguir a Garzón.

Ximo Bosch es portavoz de Jueces para la Democracia (JpD) en la Comunidad Valenciana.