El PP obvia los regalos y habla de una "ofensa a todos los valencianos"

Un día después de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana decidiera en un auto no carente de polémica el archivo de la causa por un supuesto delito de cohecho contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, el Partido Popular saltó ayer en tromba al contraataque. Henchido de satisfacción por una resolución judicial que despeja un horizonte político hasta ahora bastante encapotado, resolución que deja además impunes los numerosos regalos por miles de euros a altos cargos del Consell, el partido orquestó ayer una campaña bajo dos premisas cuestionables: que todo lo referido en la investigación era un montaje, como si los regalos nunca hubieran existido, y que el caso, lejos de pretender encausar a unos políticos por su relación con una trama corrupta, era un juicio a los valencianos.

Luna recuerda al PP los "tribunales formados por amigos"

Blasco critica el comportamiento "manipulador y antidemocrático"

"La cacería contra el president ha sido una ofensa a todos los valencianos", aseguró ayer para abrir boca el vicepresidente Social y consejero de Bienestar Social, Juan Cotino, que encabezó una salva de declaraciones en la que participaron otro vicepresidente, dos consejeros más y al menos otros ocho cargos del PP, algunos de ellos electos en las Cortes Valencianas o en el Senado. "Ha terminado un periodo inquisitorial provocado por el Gobierno central con el apoyo del diario gubernamental", aseguró ayer en una entrevista en Ràdio Nou Cotino, que por otra parte, y según la documentación remitida por el TSJ de Madrid pero no considerada por el TSJ valenciano, fue agasajado por Orange Market, la empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes, con un chaquetón de Milano de 300 euros. La misma tienda en la que se confeccionaron numerosas prendas con cargo a la trama corrupta para Camps, beneficiado según el sumario con regalos por más de 12.000 euros. "Los valencianos somos gente honrada y trabajadora", añadió Cotino.En opinión del vicepresidente social, las informaciones referidas a la causa abierta contra Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret, no tenían por objeto informar sobre la legalidad de la recepción de regalos de la trama corrupta encabezada por Francisco Correa y El Bigotes, sino que eran "juicios paralelos" que "perseguían perjudicar la figura política de Camps".

Cotino también criticó a la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, por anunciar que la fiscalía recurriría. En el mismo sentido habló Vicente Rambla, vicepresidente político del Consell, que exigió una comparecencia de De la Vega para que explique "si es ella quien da las instrucciones a la Fiscalía General del Estado". Rambla también hizo su lectura del auto: "La justicia le ha dicho no a las pretensiones del PSOE".

Más duro fue Rafael Blasco, consejero de Inmigración y principal ideólogo del PP durante la tramitación de la causa, que denunció el comportamiento "manipulador, irresponsable y antidemocrático" de los socialistas al tiempo que acusó a De la Vega de hacer gala "de su concepción sectaria y partidista". Blasco, que el lunes llegó a calificar la causa de "un sórdido montaje", sin tener en cuenta que el TSJ en ningún momento ha cuestionado que los acusados recibieran los regalos de la trama mafiosa, también abundó en la "valencianofobia" del Gobierno al acusar a la vicepresidenta de "formar parte de un Gobierno que es capaz de negociar con ETA y al mismo tiempo incapaz de sentarse a negociar temas clave para los valencianos".

El consejero de Gobernación, Serafín Castellano, igualmente habló de "cacería" contra Camps y afirmó que el único delito probado "es el de la filtración del secreto de sumario".

Tras la artillería pesada del Consell, llegó el fuego cruzado de numerosos cargos electos y del partido. El portavoz territorial en el Senado, Pedro Agramunt, aseguró que "es la primera vez en la historia que el Gobierno da instrucciones a la fiscalía para que actúe contra el presidente de una comunidad autónoma". Y usando el mismo argumentario de Blasco, también aludió al terrorismo: "A la fiscalía hay que decirle que actúe contra ETA y no contra un presidente honrado".

La portavoz de Gobernación en las Cortes, Asunción Quinzá, aseguró que el auto "deja en evidencia el discurso de [Jorge] Alarte" y que "ha caído como un jarro de agua fría en Ferraz [sede el PSOE en Madrid]". El portavoz adjunto César Augusto Asencio aconsejó aprender a leer las sentencias y proclamó que, "pese a quien le pese, la justicia ha demostrado la inocencia del presidente Camps, Costa, Campos y Betoret". Y su homólogo Rafael Maluenda acusó a los socialistas de "intentar manchar el honor de las personas".

Al coro se sumaron la coordinadora del PP y alcaldesa de Torrent, María José Catalá; la integrante de la ejecutiva y alcaldesa de La Vall d'Uixó, Isabel Bonig; y el diputado José Marí Olano, que llegó a negar la mayor: "Camps, Costa, Campos y Betoret, falsamente acusados por los socialistas valencianos, no han recibido regalo de nadie".

Por parte de los socialistas, las declaraciones fueron más escasas. El secretario de Acción Electoral del PSPV, Víctor Sahuquillo, insistió en que Camps "ha mentido descaradamente" en las Cortes. Y le retó a "enfrentarse a los medios de comunicación" para explicar "sin tapujos todo lo ocurrido".

Por su parte, Ángel Luna, respondió a los ataques populares: "No sé si el PP entiende por respeto a la justicia los tribunales formados por amigos, porque no parece que se refirieran al respeto cuando arremetieron de manera inmisericorde contra Garzón o cuando decían que la marcha del proceso respondía a un montaje del Gobierno".