Crónica de una impostura

El Gobierno de Esperanza Aguirre ha desplegado en los últimos seis meses todo tipo de maniobras para ocultar lo que parte de la cúpula nacional del PP, los dirigentes de este partido, Alfredo Prada, ex consejero de Justicia, y Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid; e IU y PSOE, consideran un delito especialmente grave en democracia: el espionaje al adversario político con fondos públicos y utilizando para ello a empleados a sueldo de la Comunidad de Madrid.

Para ocultar lo ocurrido, desde Aguirre hasta su vicepresidente, Ignacio González, pasando por el consejero de Interior y secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados; el consejero de Sanidad y portavoz del PP de Madrid, Juan José Güemes; el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, David Pérez, o el ex director general de Seguridad, Sergio Gamón, no dudaron en mentir en sede parlamentaria, en obstaculizar la investigación negando documentación relevante al Parlamento autónomo y en bloquear la comparecencia de los espiados. Además, Aguirre y los suyos acusaron a EL PAÍS de fabricar los partes de espionaje, que tildaron de falsos. La presidenta llegó a presentar una querella, que obligó a firmar a todos los consejeros, contra este diario.

La investigación judicial ha revelado ahora que al menos tres asesores de Seguridad, todos ellos guardias civiles contratados a dedo por el consejero de Interior, Francisco Granados, con un sueldo que duplica al de los agentes autonómicos, siguieron a Prada. Y lo hicieron de la mañana a la noche, tanto cuando acudía a actos como consejero como cuando salía a cenar o a tomar una copa con amigos o familiares.

Nuevas excusas

Llegados a este punto, y sin posibilidad de negar las evidencias que suministran los datos facilitados por Telefónica, el Gobierno de Aguirre empezó a airear una excusa cuando conoció el informe policial de los teléfonos móviles. Los asesores de Granados, según la nueva teoría, hacían "contravigilancias", no espionaje, a Prada.

Ningún manual de contravigilancias incluye las prácticas que, según la investigación, llevaron a cabo los tres ex guardias civiles. No se informó de la contravigilancia ni a Prada ni a sus escoltas, con lo que se ponía en riesgo la vida de espías y espiados. La contravigilancia no se hacía para averiguar si alguien seguía al consejero o amenazaba su integridad física, sino que era un seguimiento al milímetro de todos los pasos que daba el consejero. Sólo importaba el consejero, no lo que lo rodeaba.

Lo que sigue resume las claves de la investigación y detalla la estrategia desplegada por el Gobierno de Aguirre para evitar que el escándalo salpique a algunos de sus miembros.

- La batalla por el poder dentro del PP. Los "objetivos" de los seguimientos pagados con dinero público, Prada y Cobo, tenían un común denominador: ambos se oponían a la estrategia de Aguirre y su equipo contra el liderazgo de Mariano Rajoy tras la derrota de las elecciones generales de marzo de 2008. El vicealcalde de Madrid remaba contra el intento de Aguirre para destronar a Rajoy. Prada había pasado de ser un hombre de confianza de la presidenta -le nombró vicepresidente aunque poco a poco le fue quitando competencias- a defender la línea política marcada por Rajoy.

- Seguimientos al minuto. Los seguimientos, encargados según los tres ex guardias civiles por Sergio Gamón, ex marido de la secretaria de Esperanza Aguirre, fueron reflejados en partes escritos con una redacción muy pobre y un contenido aparentemente irrelevante.

Los partes del espionaje incluyen, sin embargo, detalles sobre las personas que acompañan a Prada que revelan un interés especial por saber con quién se veía el consejero. El informe de la policía sobre los posicionamientos de los teléfonos de los espías revela un trabajo en equipo. Los ex guardias civiles hacían llamadas de teléfono pocos minutos antes o después, a veces sólo segundos, de las incidencias que se reflejan en los partes, y desde lugares, según los postes teléfonicos que recogieron las llamadas, que nunca distaban más de 500 metros del sitio donde en ese momento se encontraba Prada. Ninguna "contravigilancia" policial se hubiera fijado en detalles referidos a las personas que acompañaban a Prada, a su mujer, a su hija o a las maletas que sacaba de su casa para salir de viaje, ni hubiera perseguido al objetivo por la ciudad.

Los ex guardias civiles aseguran que no confeccionaron los partes, donde hay algunas palabras y números de matrícula manuscritos. Dos peritos calígrafos, que trabajan en relevantes casos de la Audiencia Nacional, elaboraron un informe para EL PAÍS donde atribuían esa letra a José Manuel Pinto, técnico auxiliar de la Comunidad que dependía de Gamón y no tenía asignadas funciones específicas. Otro informe encargado por el Gobierno regional a un perito, ex edil socialista, descartó que la letra fuera de Pinto. Entre las funciones del agente Pinto, según explicó por escrito el consejero de Interior al fiscal de Madrid, estaba la "toma de datos y mecanización de los mismos".

El supuesto "montaje" de los partes, sería imposible sin tener la información suministrada por los guardias civiles desde sus teléfonos cuando seguían a Prada. Los partes coinciden casi al milímetro con la actividad de los móviles de los ex guardias civiles que trabajaban como asesores de Granados.

- ¿Quién lo ordenó? Los tres ex guardias civiles descubiertos por sus móviles en la persecución a Prada, aseguraron a la policía que dependían del consejero Granados, quien los contrató como asesores. Uno de los ex guardias civiles llegó a decir que era "su jefe directo", y que sólo se "coordinaban" con Sergio Gamón. El consejero Granados declaró a este periódico que nunca daba órdenes a los ex guardias civiles sino que era Gamón quien lo hacía. Por su parte, Gamón aseguró a la policía que estos tres ex guardias civiles eran asesores de Granados y que, a veces, trabajaban en tareas de seguridad junto al resto de personal de su departamento. Pero aclaró que, a diferencia de ese personal de su departamento, estos asesores no dependían de él.

- "Contravigilancia". En los seis meses que han pasado desde que EL PAÍS destapó la red de espionaje, ningún dirigente autonómico, hasta el pasado miércoles, había declarado que los agentes bajo sospecha hacían contravigilancia a Prada. En marzo pasado, el consejero Granados elucubraba con la posibilidad de que pudiera tratarse de contravigilancia porque Prada la pidió cuando le robaron en su casa. Prada lo niega: "Nunca me han robado en mi casa. Nunca pedí contravigilancia a nadie de la Comunidad porque, entre otras cosas, yo ya tenía contravigilancia puesta por Interior debido a que mi nombre apareció en unos papeles incautados a ETA".

Hay múltiples testimonios de los ex guardias civiles y agentes autonómicos de Seguridad, tanto en sede parlamentaria como en sede policial, que descartan que entre sus funciones estuvieran las contravigilancias a consejeros. Baste la explicación de Miguel Castaño, subdirector general: "Si un consejero hace un viaje a no sé dónde, a la dirección no nos mandan nada". ¿Por qué? "Porque la seguridad del consejero, vicepresidente o presidenta depende del Cuerpo Nacional de Policía".

Por cierto, tras el espionaje que sufrió Prada, su carrera política terminó en la Comunidad de Madrid. Aguirre le destituyó como consejero unas semanas después.