La solución más desesperada

El pasado 30 de junio, A. M., un ciudadano de nacionalidad marroquí, de 46 años, se arrojó por el hueco de la escalera de su casa de Vitoria, desesperado al no poder hacer frente a los gastos familiares. Este tornero mecánico, con 20 años ejerciendo su oficio, casado y padre de tres hijas, residía en un piso de alquiler del Gobierno vasco. Ante la amenaza de desahucio por parte de Etxebide, después de meses de impagos, optó por la solución más desesperada.

El caso lo hizo público ayer SOS Racismo en una rueda de prensa, que también sirvió para reivindicar medidas por parte de las autoridades para evitar casos como éste. Porque, al final, Etxebide ha suspendido el proceso de retirada del piso al inmigrante que recurrió a esa solución tan dramática vara evitar verse en la calle. "Las instituciones tienen que estar al servicio del ciudadano y, sobre todo, de aquellas víctimas involuntarias de la crisis", defendió el coordinador de la ONG, Federico García, quien no quiso cargar las tintas sobre los empleados de Etxebide. "Simplemente, sus funcionarios han seguido los protocolos previstos. Pero, en estos momentos, las autoridades deben tomar medidas excepcionales y atender el aspecto social", concluyó.

Etxebide ha suspendido el proceso de deshaucio que precipitó el caso

La historia de A. M. es una más de las que se pueden encontrar entre la importante comunidad magrebí que reside en Vitoria. Llegó hace veinte años, al rebufo de la buena situación económica que vivía España entonces. "Le ayudamos a hacer los papeles para conseguir su primer permiso de trabajo y luego ha colaborado mucho con SOS Racismo", rememoró García.

A. M. salvó la vida de milagro. Aunque ayer los responsables de la ONG no quisieron entrar en muchos detalles, sí se conoce que se lanzó desde un tercer piso, que sufrió numerosos traumatismos en la cabeza y resto del cuerpo, de los que todavía se recupera, y el correspondiente choque psicológico por la situación. En la actualidad, se encuentra internado en la Unidad de Psiquiatría y sólo recibe la visita de su familia más cercana. Federico García justificó el retraso en hacer pública el suceso. "Hemos intentado frenar esto durante un mes, pero la trascendencia del caso [A. M. quedará discapacitado de por vida] nos ha llevado a dar a conocerlo, aunque con discreción".

Este episodio pone de manifiesto el grado de afección que tiene la crisis entre muchos inmigrantes. El paro en este colectivo supera el 28%, cuando la media en el País Vasco es de un 10%. "No hay que olvidar, además, que sufren una precariedad laboral que se traduce en una vulnerabilidad social notable", apuntó Tania Cañas, del sindicato ESK, al que estaba afiliado. "Los inmigrantes no pueden acceder en muchos casos a todas las ayudas sociales y carecen de las redes familiares que tenemos los nacidos aquí. Por eso hay que entender que el caso de A. M. no es una excepción".