Autogobierno hacia adentro

La constitución de Euskadi como comunidad política por primera vez en la Historia, que se consagra en la Constitución de 1978 y el Estatuto de Gernika, puso en las manos de las instituciones vascas la capacidad de operar sobre los aspectos más importantes en la vida de la ciudadanía. Como consecuencia del gran pacto incluyente que alumbró el Estatuto, hoy disfrutamos de un servicio vasco de salud y de un sistema de protección social que han sido modelo, se puso en marcha la primera televisión autonómica del Estado, tenemos una Policía Autónoma integral, hemos hecho nuestro modelo educativo, gestionamos los puertos, las carreteras y los ferrocarriles dentro de la comunidad, etc. Pero, sobre todo, disfrutamos de un sistema fiscal propio que pone en nuestras manos la mayor herramienta de transformación de la sociedad: la capacidad para redistribuir los recursos. Hasta tal punto es así, que 9 de cada 10 euros que recaudamos se quedan en Euskadi.

Hay duplicidades palmarias en el gasto y se ralentiza la toma de decisiones

La LTH de 1983 requiere una seria evaluación de sus luces y sombras

Pero el autogobierno hay que evaluarlo también hacia adentro. Porque el autogobierno vasco no culmina con la aprobación del Estatuto de Gernika (incluso se podría decir que el proceso autonómico nunca culmina, pues está en permanente evolución). Lo cierto es que, formalmente, culmina en 1983 con la Ley de Territorios Históricos (LTH), que instaura una suerte de modelo confederal provincialista, basado en la bilateralidad entre administraciones vascas y en la bilateralidad con el Estado. Se prima así el modelo de inspiración netamente foral, frente a una visión nacional o de país. Y en este punto somos especialmente críticos.

Son varios los autores y diversos los estudios que denuncian la "pérdida de calidad de la autonomía" en Euskadi ocasionada por la colisión y la invasión de competencias que se produce entre el Gobierno vasco y las Diputaciones Forales y, por supuesto, entre éstas y los ayuntamientos. Efectivamente, esta colisión y duplicidad se da sistemáticamente en sectores como la asistencia y los servicios sociales, la agricultura y la ganadería o en la promoción económica y el turismo, lo que, unido a una falta palmaria de liderazgo y de armonización en las políticas, ha provocado desajustes muy importantes.

Así, a día de hoy, algunos ciudadanos de Guipúzcoa tienen hasta un 250% menos de cobertura en asistencia social que un ciudadano igual de vasco, pero que viva en Vitoria-Gasteiz. Hoy todos los ciudadanos alaveses que así lo soliciten tienen derecho al pago de los libros de texto para la educación obligatoria de sus hijas e hijos, mientras que los vizcaínos no. O estos ciudadanos, los vizcaínos, junto a los guipuzcoanos no tienen derecho a un peaje social para las autopistas, del que sin embargo sí disfruta la ciudadanía alavesa.

Podríamos seguir con ejemplos del resultado que ha arrojado la falta de una política nacional o de país junto con el desarrollo equivocado de una ley, la de Territorios Históricos de 1983, que requiere una seria evaluación de sus luces y sombras. Reformar entre todos esta ley es un compromiso ineludible para los responsables políticos en Euskadi.

Como lo es también la aprobación de una ley Municipal que reconozca la mayoría de edad de nuestras entidades locales. Que les dote de mecanismos de financiación estables y previsibles en lo tocante a sus competencias y que garantice su presencia con pleno derecho en el Consejo Vasco de Finanzas, una reivindicación histórica de nuestros ayuntamientos que cobra mayor sentido en la actual situación de crisis económica y de bajada drástica de la recaudación.

A pesar de que se haya trasladado que está dedicado exclusivamente al denominado monotema, el acuerdo que hemos suscrito entre el PSE y el PP del País Vasco también garantiza la aprobación de esta ley Municipal en la presente legislatura. Y hace falta esa ley no sólo porque seamos la única comunidad del Estado que no la tiene, sino porque su inexistencia, junto a las deficiencias provocadas la ineficaz aplicación de la Ley de Territorios Históricos y a la falta de una política de país mencionada anteriormente, han provocado duplicidades palmarias en el gasto de una misma competencia y vienen ralentizando y dificultando la toma de decisiones públicas en el ya de por sí complicado entramado institucional vasco.

Hemos accedido al Gobierno vasco, entre otras muchas cosas, para tratar de cambiar esta realidad. Y queremos cambiarla sin negar las cosas positivas: tanto las realizadas por el PNV -en solitario o junto a otras formaciones políticas-, como las que se derivan del buen desarrollo de nuestro marco de autogobierno, incluida la Ley de Territorios Históricos. Porque la Euskadi del siglo XXI no puede depender fundamentalmente de nuestra historia pasada, sino del proyecto de futuro con el que consigamos ilusionar a la sociedad.

José Antonio Pastor Garrido y Óscar Rodríguez Vaz son portavoz y secretario general del Grupo Parlamentario Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak.