Torrejón deja sin recalificar suelo de los padres del edil de Urbanismo

La recalificación de 1,4 millones de metros cuadrados de suelo industrial en Torrejón de Ardoz tiene luz verde del Ayuntamiento (PP) desde hace dos meses. Sin embargo, el plazo de alegaciones se cerró ayer con las pegas de más de un centenar de empresarios afectados, que dudan sobre la viabilidad de sus negocios en los nuevos emplazamientos que plantea el Consistorio. Entre la extensa zona cercana a las vías del tren que se convertirá en residencial hay cuatro manzanas que han quedado fuera de la recalificación. Algunos de sus locales pertenecen a los padres del concejal de Urbanismo, José Luis Navarro.

Fue el propio Navarro quien presentó un añadido a la moción del pleno municipal que aprobó inicialmente la recalificación del suelo industrial. De ella se excluyeron varios locales de la carretera de Loeches, a los que también se les levantó la suspensión de licencias urbanísticas que pesarán sobre el resto de los terrenos recalificados. Estos locales, según el concejal, pertenecen a sus padres y a familiares de otros ediles. "Por eso se decidió no actuar en ellos. Si hubiésemos recalificado los locales de familiares del equipo de gobierno podríamos haber incurrido en irregularidades. De ahí que mantengan el uso terciario que tienen", explicaba Navarro.

Fin de las alegaciones

La gran recalificación ha contado con más problemas de los que el propio Ayuntamiento preveía. Aunque no se ha hecho un recuento de las alegaciones, cuyo plazo terminó ayer a las dos de la tarde, el edil de Urbanismo admite que son numerosas y que es posible que el Consistorio se replantee la actuación urbanística: "No vamos a pasar por encima de todos, habrá que estudiar las objeciones y decidir en consecuencia".

Tanto los sindicatos como la oposición de Torrejón habían mostrado su temor a perder los 4.000 empleos que ofrece el polígono empresarial sobre el que se va a actuar. Para acabar con estos miedos, la moción aprobada con los votos a favor del PP y en contra de IU y PSOE se comprometía a facilitar el traslado "paulatino y voluntario de las empresas a las nuevas áreas empresariales dentro del municipio". Pero los empresarios protestan. La Unión Comarcal de Empresarios del Este de Madrid dice que es imposible saber si pueden mantener los empleos.