Congelación por aproximación

Los efectos de la crisis preocupan a todo el mundo pero no afectan a todos por igual. Algunos saben de ella por lo que dicen en los noticiarios o escuchan en conversaciones con amigos o familiares que sí los padecen en forma de expedientes de regulación, despidos directos o recortes salariales. Pero ellos ni la sienten ni la padecen. Son mayormente los empleados fijos del sector público, cuyo puesto de trabajo se encuentra a salvo de las angustias que trae la recesión, salvo que ésta concluya en catástrofe universal.

Es verdad que los sueldos en la administración y sus sociedades dependientes han sido históricamente más bajos que en la empresa pública, y las posibilidades de promoción y mejora, menos amplias. Pero eso fue en el pasado pre-globalización, antes de que la estabilidad y calidad del empleo fueran sacrificadas ante el ídolo de una competitividad entendida como devaluación de la fuerza del trabajo. Como indica el masivo éxito de las oposiciones que se convocan en Euskadi, el sector público se ofrece como un magnífico refugio en tiempos de tribulación. Un paraíso donde, si logras la plaza, el empleo es vitalicio y se siguen cobrando, mientras el mundo se hunde a tu alrededor, incrementos salariales de los de antes del crujido universal. Al menos, hasta ahora.

La opinión de los sindicatos ya se sabe por adelantado: partidarios no son

El lehendakari Patxi López y otros miembros de su equipo han comenzado a deslizar la idea de que también a los empleados públicos (a los 70.000 dependientes del Gobierno y a los más de 10.000 de las diputaciones y municipios) se les acerca el momento de compartir sacrificios. Sin embargo, lo han hecho de modo tentativo y sinuoso, siguiendo el método del globo sonda que parece ir incluido en el kit de instrucciones para gobernar. Y es que aunque el ajuste que parece pretenderse resulte limitado y llevadero, arrastra un nombre ciertamente antipático: congelación salarial.

Las razones aportadas para proponerla sin llegar a hacerlo siguen el mismo discurso enrevesado. Sucede que la caída de los ingresos fiscales por el parón de la producción y el consumo va a obligar a recortar el gasto presupuestario para el próximo año en 550 millones, aunque el endeudamiento se eleve hasta los 1.700 millones. Y dar ese tijeretazo manteniendo al mismo tiempo el nivel de gasto social y las inversiones en infraestructuras dibujan un sudoku irresoluble. Entre otras cosas porque sólo el abono de los compromisos salariales ya contraidos elevará en tres puntos el año próximo el capítulo de personal, que ya se come el 36% de las cuentas públicas, y supondrá 120 millones de euros de ahorro imposible. En esta partida está puesta la atención, pero, ojo, nada está decidido, se advierte.

Para saber si habrá o no congelación salarial en el sector público vasco habrá que esperar, se ha dicho también, a ver si se atreve a proponerla el Gobierno central, lo que no deja de ser otra aportación del cambio. En los viejos tiempos, una forma de afirmar la soberanía vasca consistía en superar por sistema en un punto el incremento salarial de los funcionarios aplicado el resto de España y en bajar en al menos dos el tipo del Impuesto de Sociedades. Y se contará, se ha dicho igualmente, con la opinión de los sindicatos, cuyo tenor puede ya anticiparse: partidarios no son.

A lo mejor este es el método que el vigente manual del gobernante aconseja para preparar el terreno y lograr que las pastillas amargas se traguen con las mínimas arcadas. Pero hay que reconocer que resulta tortuoso y poco considerado con una ciudadanía que se presume madura. La mayoría de la sociedad -y hasta de los propios afectados- entendería mejor un abordaje directo, planteado con claridad y sin ambages. En otras palabras, solicitar a ese 10% de la población activa que constituyen los empleados públicos una mengua razonable y transitoria de la masa salarial como contribución al gasto social en los presupuestos.

El hecho de disponer de un puesto de trabajo seguro, con una jornada de 35 horas semanales y unas condiciones de todo tipo que envidiaría gran parte de los asalariados del sector privado -los fijos y los precarios; no se diga ya los parados- es razón suficiente para demandar ese esfuerzo, un reparto más solidario de las cargas de la crisis. Con o sin posibilidad de compensarlo cuando la recuperación de la economía lo permita. Y, desde luego, para imponerlo si, expuestos los motivos y compensaciones en la mesa correspondiente, la representación sindical se niega a asumirlo. El empeño del Gobierno de sacar adelante el diálogo social con los dos sindicatos (CC OO y UGT) que se han prestado al intento y la competencia descarnada con los dos ausentes (ELA y LAB) no van a favorecer la adopción pacífica de una decisión en ese sentido y puede ser un factor disuasorio. Al igual que la actitud del PNV, al frente de las diputaciones y gran parte de los ayuntamientos, que aquí hace de la pasividad virtud.

Los cálculos electorales sobre el impacto de esta medida sobre una masa de 90.000 personas, más familiares, van a también estar muy presentes. Hay momentos, sin embargo, en los que hay que apartar el interés particular y adoptar decisiones sin considerar la carga de impopularidad que arrastre. Esa factura siempre será más soportable si se explica con claridad a los ciudadanos lo que se pretende hacer y, sobre todo, por qué. Aunque nadie ha dicho todavía que vaya a haber congelación salarial, ¿o sí?