Objetar y recusar
Resulta que un ginecólogo que presta sus servicios en la sanidad pública puede rehusar la tarea profesional de practicar un aborto legal, que está incluido en los servicios de salud pública, apelando a su conciencia. Resulta también que nada menos que un presidente del Poder Judicial puede tomar posición contra un proyecto de ley de aborto no por argumentos jurídicos, sino porque reconoce que en última instancia deben prevalecer sus convicciones religiosas católicas. Si el Gobierno de Rodríguez Zapatero quisiera defender el derecho básico a una justicia imparcial para los no católicos, lo menos que podría hacer es sacar una disposición legal que permitiera a cualquier ciudadano sometido a juicio por causas relacionadas con el aborto preguntar a su juez acerca de sus convicciones religiosas y recusarle en el caso de que contestase confesándose católico. ¿Por qué no lo hace.
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