Balance del acuerdo
Pocos eran los que dudaban de la necesidad de una reforma de la financiación autonómica. Sin embargo, una vez más, la reforma ha tendido en centrarse en el cuánto le toca a cada uno y orillar otros asuntos importantes y reiteradamente apuntados por los expertos. Entre otros, la dificultad para los ciudadanos de comprender las bases del sistema, el no fundamentar en estimaciones técnicas solventes el coste de provisión de los servicios en cada territorio, o la falta de corresponsabilidad fiscal de los gobiernos autonómicos.
En cuanto al papel protagonista de Cataluña, tampoco es novedad: los principales impulsos de reforma del sistema han procedido desde siempre desde Cataluña. Aunque es verdad que existen algunas diferencias.
La nueva financiación no es un desastre para Galicia pero tampoco es para hacer la ola
En primer lugar, el éxito del propio proceso de descentralización. Si hace 10, 15 o 20 años las autonomías eran un asunto menor (salvo en algunas comunidades, entre las que se encuentra Galicia) hoy la política autonómica es, con base objetiva, protagonista principal de la prensa regional y habitual en los diarios nacionales. Cualquier metedura de pata, reunión fuera del guión o concesión hecha alrededor de una mesa camilla es conocida en tiempo real, dificultando las negociaciones y exacerbando los sentimientos de agravio comparativo. En la misma línea que defendía Anxo Guerreiro hace unos días en este periódico, ya no podemos seguir sin un marco institucional apropiado al grado de descentralización al que hemos llegado. La reforma del Senado y el reforzamiento de la conferencia de presidentes y las conferencias sectoriales son urgentes. Como lo es la creación de un organismo técnico autónomo de evaluación de los costes de los servicios públicos, como el que existe en Australia, el único país federal en el que, como en España, la nivelación se fija en las necesidades de gasto y no sólo en la capacidad fiscal de cada uno.
En segundo lugar, hay que anotar la existencia de un estatuto reformado en Cataluña cuyo cumplimiento conlleva cambios significativos en la financiación autonómica. Sumado a la fuerza actual del PSC y con la coordinación de un conseller de Finanzas de Champions League como es Antoni Castells, la presión para el Gobierno central ha sido extraordinaria. Valga como muestra el incremento en el monto global de la reforma. De los 3.000 millones que se manejaban en las discusiones en 2006 hemos pasado a superar los 11.000 millones para poder encajar las mejoras de Cataluña con el mantenimiento de la cohesión en el resto.
Si nos centramos en el caso de Galicia y cogemos la calculadora, no es fácil evaluar en dos palabras cómo hemos salido parados. A mi juicio, las evaluaciones extremas son descartables. El acuerdo no es un desastre; pero tampoco es para hacer la ola. Creo que nos situamos en un terreno intermedio donde según lo que miremos y la perspectiva con lo que hagamos podemos sentirnos más o menos satisfechos. En lo positivo, seguiremos con una financiación por habitante superior a la media e incluso superior a Cataluña. Nos mantendremos en un 7% de la financiación global, al menos a corto plazo, e inyectaremos más de 600 millones en las arcas autonómicas, gravemente afectadas por un parón recaudatorio sin precedentes.
Esos cientos de millones de más pueden compararse con la pérdida absoluta que algunos sugerían hace apenas un año, al aplicar automáticamente lo dispuesto en el Estatuto catalán sin incorporar las compensaciones que finalmente ha introducido el Gobierno central. En lo negativo, el incremento porcentual de recursos en otros territorios es mayor y la dinámica del nuevo modelo no nos conviene, porque penaliza a las regiones en declive demográfico. Además, no parece que se haya avanzado en la tarea de perfilar un calendario para la revisión del Fondo de Compensación Interterritorial (FCI). Siendo constructivos, el objetivo debería ser consolidar en la comisión bilateral esos 64 millones sobre los 590 iniciales y, sobre todo, arrancar un compromiso de reforma al alza del FCI. Si consiguiéramos ambas cosas, personalmente me inclinaría más por una evaluación del acuerdo positiva para Galicia.
