Unión Naval acepta su culpa en los 71 casos de afectados por amianto

El juicio está previsto para septiembre y será una conformidad entre las partes. Ayer, los representantes de las 71 víctimas del amianto, 20 de ellas ya fallecidas, aceptaron un acuerdo que se traduce en una condena a Unión Naval de Valencia, en el cobro de casi 11 millones de euros de indemnización y en un compromiso, recogido en dos protocolos, de atender no sólo la evolución de los afectados que están aún trabajando, sino de aquellos que pudieran aparecer a partir de ahora. Las lesiones de los trabajadores por la inhalación de polvo de mineral de amianto no son inmediatas, de modo que quienes hayan estado expuestos sin medidas de seguridad pueden desarrollar en el futuro un problema pulmonar grave. El comité de empresa expresó su satisfacción por el "logro social" que suponen los dos protocolos.

Dos protocolos garantizan la atención a posibles nuevos afectados

El caso se cierra después de cinco años de investigación a cargo del Juzgado de Instrucción 17 de Valencia. Se inició en 2004 sobre 23 trabajadores de Unión Naval de Valencia (antes Unión Naval de Levante). Se pone fin a ella con el reconocimiento de 71 afectados, entre ellos 20 fallecidos. El juez acordó, junto al fiscal, la imputación de una responsable de la empresa y tres jefes de seguridad. Se les considera responsables de las muertes y lesiones de trabajadores en la construcción y reparación de buques expuestos a la inhalación de amianto.

La conformidad en el caso supone una condena de nueve meses de cárcel y multa de 21.600 euros para la responsable legal de la empresa por un delito contra los derechos de los trabajadores, 20 faltas por muerte por imprudencia y 51 faltas de lesiones imprudentes. El fiscal pedía inicialmente para ella 48 años de cárcel.

Para los tres jefes de seguridad pedía 34 años. El acuerdo suscrito se traduce en un año y dos meses de cárcel, y 10.800 euros de multa. Los imputados ignoraron todas las condiciones en las que se debían realizar los trabajos en los que se usaba amianto (recogidas en una orden ministerial de 1982), así como la prohibición posterior (de 1984) de utilizar ese material contaminante. El ministerio público considera que "incumplieron las obligaciones sabiendo que de esta manera perjudicaban gravemente la salud de sus trabajadores, puesto que los acusados sabían que antes y después de esas fechas la empresa había utilizado amianto en la construcción y reparación de buques y que, por tanto, algunos de los trabajadores habían sufrido exposición directa e indirecta a ese contaminante".