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COLUMNA

Los fracasos de Feijóo

No pasa un solo día sin que se pongan de manifiesto, en forma de conflicto político, las diferentes concepciones y las múltiples incomprensiones que existen en España sobre el modelo constitucional. Conviene añadir rápidamente que dichas divergencias no se producen sólo entre diferentes partidos políticos, sino que habitan en el seno de cada uno de ellos, como nos recuerdan también a diario dirigentes populares y socialistas.

Esta situación deriva de la tendencia que se manifiesta en los dos grandes partidos -ciertamente, en uno más que en el otro- a identificar Estado exclusivamente con Administración central, considerando las comunidades autónomas como simples delegaciones subordinadas a aquélla, y no como poderes políticos y componentes del Estado legitimados por mandato constitucional y por la voluntad democrática de sus pueblos.

El presidente parece ignorar que no tiene que rendir cuentas al PP, sino al Parlamento

Un ejemplo que ilustra bien lo que acabo de decir lo constituye el reciente proceso de negociación sobre el nuevo modelo de financiación autonómica. En efecto, cuando la dirección del PP, encabezada por Rajoy y Montoro, impone de forma pública a los presidentes populares de las comunidades autónomas que forman parte del partido conservador el voto que deben emitir en el Consejo de Política Fiscal y Financiera no sólo muestra una seria incomprensión del Estado autonómico, sino también una peligrosa confusión entre el partido y el Estado. Pero cuando los presidentes populares, entre ellos Núñez Feijóo, aceptan esa imposición, abdican de su papel de presidentes constitucionales y se transforman en meras terminales administrativas de la calle Génova. Con su actual actitud, anuncian que en el futuro, si hubiese en España un cambio de Ejecutivo, serían, a lo sumo, delegados del Gobierno. Núñez Feijóo, y el resto de los presidentes populares, parecen ignorar todavía que no están obligados a rendir cuentas de su gestión a la dirección de su partido, sino a los parlamentos democráticos que los han elegido para desempeñar su función pública.

Ahora bien, en toda esta peripecia política, uno de los más perjudicados ha sido, sin duda, el presidente de la Xunta de Galicia. Incapaz de representar los intereses gallegos o de gestionar adecuadamente el apoyo que le brindó la sociedad a través del acuerdo unánime del Parlamento de Galicia, Núñez Feijóo ha perdido parte de su credibilidad política y ha devaluado su imagen como gobernante eficaz. Galicia ha estado ausente en esa crucial negociación y el presidente de la Xunta ha cosechado un sonoro fracaso. Han bastado cien días de gobierno para demostrar que Núñez Feijóo no está en condiciones de mantener su autonomía política ni el mínimo compromiso galleguista, sino que se ha decantado por utilizar la Xunta como ariete contra el Gobierno central, transformándose en una simple sucursal de la dirección estatal de su partido y supeditando así los intereses de Galicia a la estrategia general del Partido Popular.

Es posible también que, enardecido por su victoria electoral y estimulado por la evidente falta de liderazgo en el PP estatal, Feijóo haya intentado utilizar a la Xunta como trampolín para lanzar su carrera en la política española. No de otra forma se entiende que en vez de estar dirigiendo la negociación en primera línea se haya dedicado a pronunciar proclamas incendiarias en la retaguardia con el fin de liderar un amplio frente de rechazo a las propuestas del Gobierno. Si éste era su objetivo, es evidente que, de nuevo, el fracaso de Feijóo no admite paliativos, si se considera que el único apoyo que consiguió para su descabellado proyecto, y aún en este caso de forma parcial, ha sido el de Castilla y León. ¡Vaya éxito, don Alberto!

Núñez Feijóo debe tomar conciencia de que si a la inexplicable parálisis que atenaza su Gobierno añade su falta de liderazgo en la política española -incluida la falta de influencia en su propio partido-, acabará, más pronto que tarde, por pagar un alto precio político y electoral. Aunque es cierto, como la experiencia demuestra y la mejor literatura política consagra, que en una democracia consolidada como la nuestra un Gobierno, por muchos errores que cometa, no se desmorona si no existe simultáneamente una alternativa sólida y creíble que lo pueda sustituir. Y en Galicia éste no es el caso todavía. Pero de este pequeño detalle hablaremos otro día.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 22 de julio de 2009