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Tribuna:

Justicia gratuita comprometida

Inmigración y crisis han aumentado la demanda de abogados de oficio

La percepción ciudadana de nuestra justicia no es buena y se agrava ante la suma de dilaciones, ineficiencias, falta de medios y, sobre todo, de organización. Ha sufrido una desatención histórica y existe hoy un desorden competencial con funciones dudosamente repartidas entre comunidades autónomas, Administración del Estado, Consejo General del Poder Judicial y los propios juzgados y tribunales, que lastra las soluciones consistentes en poner más dinero sin poder asegurar su aprovechamiento racional.

Hay, sin embargo, un espacio dentro del sistema, esencial para la tutela de los más necesitados, que funciona eficazmente: la justicia gratuita.

El derecho a la justicia gratuita de quienes carecen de recursos está reconocido en el artículo 119 de la Constitución. Su regulación legal establece un modelo en el que los colegios de abogados cumplimos la función social de organizar el servicio y garantizar su calidad e independencia a través de la actuación de miles de abogados (unos 4.400 en Madrid) a quienes formamos, designamos, controlamos deontológicamente y, cuando las administraciones tienen a bien proveer los fondos debidos, pagamos.

Algo funciona bien en la justicia española: la asistencia gratuita del turno de oficio

En el año 2008, sólo el Colegio de Abogados de Madrid, un tercio de la abogacía española, hizo 147.659 designaciones de abogados del turno de oficio, un 19,80% más que en el año 2007, registrándose los mayores incrementos en la jurisdicción laboral (32,92%), extranjería (31,29%) y orden penal (16,12%), que acoge la mitad del total de designaciones.

A esas cifras habría que añadir las intervenciones inmediatas de abogados en el servicio de guardia de la asistencia letrada al detenido: 115.910 designaciones en 2008, un 8,6% más que el año anterior, concentradas nuevamente en procedimientos penales (77.973 designaciones, de ellas, 8.670 para violencia de género) y extranjería (37.676). Las designaciones se hacen los 365 días al año, 24 horas al día, mediante un servicio ininterrumpido en comunicación permanente con comisarías, juzgados y centros de detención.

Sumadas a las del turno de oficio, dan una media de 722 designaciones de abogados al día. No contamos las más de 150.000 prestaciones anuales de asesoramiento primario, no contencioso, que se hacen a través de los servicios de orientación jurídica, puerta de entrada de la justicia gratuita, con o sin subvención pública, como las que realizamos para los reclusos en las prisiones de nuestra Comunidad, o para menores internados, con cargo a las cuotas de todos los colegiados.

Esta asistencia masiva a los ciudadanos sin recursos no tiene en su deber grandes quejas de sus beneficiarios; entre otras cosas, por el rigor que aplicamos sobre conductas profesionales inapro

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piadas. Con semejantes números, no es difícil imaginar el escándalo que supondría un funcionamiento anómalo del servicio.

En el haber están muchas actuaciones modélicas como las del proceso del 11-M, con abogados del turno de oficio en la defensa y en la acusación, admiradas por los representantes de la abogacía institucional de otros países, y tantas más desconocidas, día a día.

Por eso son injustas la falta de atención de los poderes públicos y las críticas hacia los abogados del turno de oficio. Como si ellos -que tienen la obligación de la defensa al límite- fueran los culpables de los desajustes presupuestarios que generan las actuales insuficiencias del diseño legal. También por el incremento de una demanda de justicia gratuita, con raíces en la propia sociedad y en su situación de crisis; por el extraordinario aumento de la inmigración, o por modificaciones legislativas que han extendido el sistema, como la penalización de las infracciones contra la seguridad vial que, antes, en el orden administrativo, no accedían a la justicia gratuita.

Los abogados no podemos contemporizar con la defensa y adecuar nuestra actuación al estado de las cuentas públicas, aunque en esta situación difícil para todos, le duela a nuestro sentido de la solidaridad recordar que las remuneraciones fijadas por la Comunidad de Madrid y por el Ministerio de Justicia llevan sin ninguna revisión desde el año 2003. Y no es admisible dilatar durante meses los pagos legalmente debidos por el empeño en no ajustar los presupuestos de cada año a las más elementales previsiones sobre la demanda de justicia.

Nuestro compromiso de abogados es con las víctimas, de cualquier lado; con quienes tienen necesidad de asistencia y defensa letradas y están en situación de desventaja social. Preocupa pensar qué podría ser de la justicia gratuita si, en tiempos de tensión, las administraciones cedieran a la tentación de recabar para sí su gestión como titulares del servicio público, para privatizarlo o para funcionarizarlo.

Con las grandes cifras de asuntos que se procesan, tal vez una organización ad hoc de abogados dedicados en exclusiva al turno de oficio fuera "empresarialmente" más "eficiente", y el "coste por asunto", menor. Pero, ¿dónde quedaría la independencia, también respecto a la Administración enfrentada al ciudadano, con un abogado de oficio? ¿Dónde el valor de la libertad y la garantía de una calidad a ponderar con la economía?

Poner en riesgo los valores esenciales de la defensa (libertad, independencia, calidad) es un precio que no se puede pagar. Por eso, los abogados exigimos el mantenimiento del actual modelo de justicia gratuita como pieza esencial para la realización del derecho a la tutela judicial efectiva, válvula de seguridad de los demás derechos fundamentales. Dentro de ese modelo, la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que data de 1996, es sin duda mejorable. Puede ser, por ejemplo, más justo un reconocimiento gradual del derecho a la justicia gratuita que no trace una raya absoluta entre los que tienen derecho total a la gratuidad y los que no tienen derecho alguno.

Y será razonable que los abogados cuenten con mejores alternativas que la de optar entre recurrir las resoluciones contrarias a sus defendidos y plantear incidentes de insostenibilidad de los recursos para dejar de interponerlos sin riesgo de consecuencias disciplinarias. Y que las administraciones que han pagado el coste del servicio, lo recuperen del ciudadano que se haya beneficiado de él abusivamente. Los abogados apoyamos las reformas necesarias y colaboraremos en la búsqueda de soluciones que hagan el sistema más eficiente, siempre con la mirada puesta en el derecho de defensa.

En épocas de crisis, la atención a la justicia, incluida su "atención" presupuestaria, debe ser mayor: no sólo porque tienda a aumentar la "demanda" (concursos, procesos laborales, más delitos, mal que nos pese), sino porque ante el infortunio generalizado -suponiendo que las desigualdades no deban llamarse por otro nombre- es imprescindible mayor confianza en las instituciones, mayor cohesión social.

La justicia gratuita, igual que la justicia sin adjetivos, es tarea de todos y un elemental sentido de responsabilidad social debe hacer al sistema más fuerte, independiente y eficaz en tiempos difíciles. Todos los poderes públicos, al margen de divisiones competenciales, deben corresponsabilizarse para que así sea, como ahora propone el Ministerio de Justicia, con un amplio apoyo parlamentario, para crear un depósito a constituir por quienes recurran una resolución judicial, destinado en una parte importante, en caso de desestimación, a financiar la justicia gratuita.

También los abogados tenemos que corresponsabilizarnos, más allá del ejercicio diario de la defensa, mediante la crítica: denunciando las disfunciones administrativas o judiciales que comprometan el acceso a la justicia; y mediante la autocrítica: cuando no sea el interés del ciudadano la razón de una intervención profesional que en última instancia pagamos todos. Pero las prestaciones deben tener una remuneración justa en un tiempo razonable, además del reconocimiento de que, sin cada intervención profesional en concreto, igual que sin la suma de las intervenciones de todos los abogados, no habría Estado de derecho. El valor de la justicia no admite soluciones de compromiso.

Antonio Hernández-Gil Álvarez-Cienfuegos es decano del Colegio de Abogados de Madrid.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 21 de julio de 2009