Camps exige a Zapatero otros 1.000 millones de financiación autonómica

El nuevo modelo de financiación deja a la Comunidad Valenciana "a 1.000 millones de euros de lo que le correspondería" para situarse en la media per cápita española. El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, insistió ayer en transmitir el mensaje del agravio que han sufrido los valencianos por parte del Gobierno en el nuevo reparto de fondos a las autonomías.

Camps, que volvió a esquivar las preguntas de la prensa, señaló en la inauguración de unas nuevas instalaciones de la Confederación Empresarial de Alicante (Coepa) que solo se ha reconocido el aumento de población, lo que "desgraciadamente nos ha dejado a 1.000 millones" de la suma que consideramos adecuada.

Además de Camps, otros dirigentes del PP insistieron en este mismo discurso. El portavoz popular en las Cortes, Ricardo Costa, anunció que en septiembre su grupo presentará un decálogo de reivindicaciones al Gobierno en materia de financiación para subsanar los déficit. "Vamos a denunciar con fuerza e iniciativas este agravio", enfatizó Costa, que ayer reunió a la dirección del grupo parlamentario para preparar la posición del PP en la Diputación Permanente del próximo jueves. En ese decálogo, los populares insistirán en que la falta de esos 1.000 millones de menos que ingresará la Comunidad Valenciana deja fuera la atención a 200.000 valencianos. También demandarán a Rodríguez Zapatero un modelo de financiación para los ayuntamientos, que "perderán 400 millones de euros" por el descenso en la recaudación.

El vicepresidente Cotino exige 394 millones extra para los dependientes

El vicepresidente tercero y consejero de Bienestar Social, Juan Cotino, se centró en las consecuencias que tendrá el nuevo modelo sobre la financiación de la ley de la Dependencia. Sin tiempo aún para tener todas las cuentas hechas, Cotino comentó que los fondos serán "insuficientes" para cubrir las necesidades de los 70.000 valencianos con dependencia que se ajustan a las condiciones de ayuda que fija la ley y cuya atención asciende a 450 millones de euros.

El responsable de la política social del Consell acusó al Gobierno de actuar como trileros por facilitar información privilegiada a las autonomías de Cataluña y Andalucía "para que den de alta más beneficiarios y salir más beneficiados que el resto" de autonomías. El nuevo modelo primará a los gobiernos que hayan reconocido a más beneficiarios a 1 de abril, una clasificación en la que la Generalitat está a la cola. Ello supone, según Cotino, que a partir de esta fecha "el ministerio ignorará a los nuevos dependientes", lo que, a su entender, "es muy grave".

Por todo ello y para exigir otros 393,8 millones de euros -el déficit estimado por el Consell para la dependencia-, Cotino solicitó una reunión con la ministra de Sanidad y Asuntos Sociales, Trinidad Jiménez.

Desde la oposición, el socialista José Mayans apuntó a Cotino como "responsable directo" de la infrafinanciación. Para el portavoz de Sanidad del PSPV-PSOE las críticas del vicepresidente son "hipócritas" porque la razón de que se reciba menos dinero es que el Consell no ha hecho las valoraciones que debía y, por tanto, "no ha cumplido con su obligación". Su compañera de filas, la diputada Cristina Moreno exigió a Camps que ponga fin a la parálisis de su Gobierno.

Las reacciones no acabaron ahí. El secretario general del Bloc y diputado autonómico de Compromís, Enric Morera, denunció en Alzira que PP y PSPV-PSOE "han traicionado al pueblo" con este nuevo modelo de financiación. Un sistema que, a juicio de Morera, "nos deja a los valencianos a la cola de todas las autonomías y, de nuevo, por debajo de la media", informa Xavier Espanya.