El último verano del Sun Village

El derribo de la piscina, las casas de dos plantas y el jardín privado de la urbanización Sun Village, en Palau-saverdera (1.423 habitantes), es inminente. El ayuntamiento del Alt Empordà empezará la semana que viene los trámites para llevarlo a cabo. Su alcalde, Narcís Deusedas (CiU), prevé que las grúas estén trabajando como muy tarde en septiembre. El último auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), del 18 de mayo, se ratifica en la demolición de los 38 apartamentos porque se hicieron en un terreno para equipamientos y pide que las casas se echen abajo antes del 5 de diciembre, según el alcalde. Mientras, los vecinos entonan el no nos moverán.

El Sun Village son dos bloques de apartamentos anclados al pie de la sierra de Albera, en el Alt Empordà. En ellos sólo viven unas ocho familias todo el año. El resto son segundas residencias de holandeses e ingleses. Algunas de las casas se ofrecen en alquiler por Internet a 2.980 euros, dos semanas. Pero hay quien como Juan Manuel García, de 36 años y de profesión camionero, no tiene más casa que ésa. "Todo este asunto me quita el sueño", confiesa. Su vivienda le costó 120.000 euros hace ocho años, cuando la compró sobre planos. Es un apartamento de 85 metros cuadrados que comparte con su mujer. Su prioridad es evitar el derribo. Pero, por si ocurre lo peor, la comunidad de vecinos de la que ejerce como portavoz ha hecho una tasación: 12 millones de euros de indemnización en el caso de que el Sun Village muera, a 310.000 euros por vivienda. El alcalde ya ha avisado de que el Consistorio no dispone de ese dinero.

"¿Por qué me dieron la habitabilidad si es ilegal? ", se pregunta un vecino

El origen del problema se remonta a 2001, cuando Deusedas, que lleva 30 años gobernando en el municipio, otorgó la licencia para los apartamentos. Según las Normas Subsidiarias de 1999 que rigen el planeamiento urbano de la localidad, en la zona sólo se pueden hacer equipamientos, en concreto un hotel, y no pueden superar los siete metros de altura. Pero el alcalde dio luz verde a un proyecto residencial que, además, excedía la altura máxima en 1,20 metros. Una vecina lo denunció al TSJC en 2001, cuando empezaron las obras de los primeros apartamentos. Pese al litigio, en 2003 se iniciaron las obras de los segundos apartamentos.

En 2006 el TSJC tildó de "sorprendente actuación municipal", declaraba la "nulidad" de la licencia de obra otorgada y ordenaba el "derribo de lo construido". "El técnico aprobó el proyecto y yo me fié de él", se defiende el alcalde. Para Deusedas todo radica en la interpretación. "Quizá otro juez nos habría dado la razón", dice, esgrimiendo que en esa zona estaba previsto también el uso residencial.

Pero la asociación de vecinos asegura que ya avisó al regidor. "En 2002, cuando aún no estaban acabadas las casas, presentamos unas alegaciones al ayuntamiento advirtiendo que ahí sólo se podía construir un hotel y nunca nos contestó", se queja la presidenta de la asociación, Carme Montenegro. El alcalde lo niega. "De esto no se empezó a hablar hasta 2005", indica. El portavoz de Unitat per Palau, Miquel Alsina, critica que el alcalde nunca haya sido capaz de alcanzar un acuerdo con el denunciante.

Juan Manuel enseña su cédula de habitabilidad. "Me la ha concedido la Generalitat", dice. "¿Si es ilegal por qué me la dieron?", se pregunta. Aunque los vecinos, al firmar su contrato de compraventa ya sabían que la licencia de obra estaba en los tribunales.

Patricia Barbero también vive todo el año en el Sun Village. Su casa tiene 185 metros, con dos pisos, dos terrazas y más habitaciones de las que se pueden contar en una rápida visita. "Me vendí mi casa en Garriguella para venir aquí. No tengo nada más. Estamos pasando por una situación inhumana", dice la empresaria, que se dedica al negocio inmobiliario. Teme sobre todo por su hija, de nueve años. "No sé cómo explicarle que quizá un día nos quedamos sin casa", lamenta.

Deusedas trabaja para hallar una solución, basada en la "comprensión". Busca alcanzar un acuerdo con la denunciante para que acepte un retraso de la ejecución del fallo y así negociar algún tipo de compensación que sustituya el derribo. Este periódico trató de hablar con la denunciante, sin éxito. Pero en ocho años, el alcalde no ha logrado ese acuerdo que ponga fin al derribo. Aun así, no se dará por vencido: "Mientras hay vida hay esperanza".