Cinco municipios hacen las paces con las polémicas antenas de telefonía

"La situación es la que es: no podemos preparar una tortilla sin romper los huevos". La frase es del consejero de Gobernación, Jordi Ausàs, ante un público compuesto por alcaldes, operadores de telecomunicaciones y asociaciones de vecinos. La tortilla es la mejora de la competitividad de Cataluña, que va intrínsecamente ligada al uso extensivo de las nuevas tecnologías por parte de los ciudadanos, de las empresas y de las administraciones. Los huevos son las torres y antenas que se requiere desplegar para la penetración tecnológica. Las contradicciones han surgido a menudo y por doquier, en lugares como L'Escala (Alt Empordà), cuyo éxito turístico se ve empañado por los problemas de cobertura de móvil que critican reiteradamente los operadores turísticos. Pero hay muchas formas de romper los huevos.

Las antenas se quitarán sólo si plantean alguna incompatibilidad

Sabadell, Tàrrega, Santa Coloma de Gramenet, Solsona y Montblanc pactan

Asociaciones de vecinos de cinco municipios catalanes de lo más diverso -Sabadell, Santa Coloma de Gramenet, Montblanc, Tàrrega y Solsona- acaban de sellar un pacto con sus respectivos gobiernos locales y con las empresas de telecos para que el despliegue de las infraestructuras (las antenas de la telefonía que tanta polémica y rechazo han generado) se consensúe.

"Los recelos y hasta el miedo, aunque sean irracionales, no se desvanecen así como así. Pero el consenso para el despliegue es algo básico y la clave de nuestro pacto ha sido el hecho de que podremos contar con una comisión de seguimiento que vigilará cómo se hacen las cosas", explica Francesc Sans, representante de los núcleos agregados de Tàrrega y que admite la existencia de "problemas de cobertura" en la zona. La concejal de esta localidad Natàlia Lloreta explica que el consenso ha sido posible en este caso porque el Ayuntamiento de su localidad ha puesto edificios públicos a disposición de los operadores para que instalen allí sus antenas. Y también para que éstos compartan infraestructuras.

Desde el Gobierno catalán, que lleva tiempo barruntando cómo impulsar estos pactos, se admite que, "en algunos casos", los acuerdos obligarán a un traslado de antenas. "Pero cuidado. Una antena no se quitará sólo porque los vecinos digan que molesta, sino sólo si plantea alguna incompatibilidad con la planificación urbanística o con la normativa medioambiental vigente", subraya Antoni Torredemer, desde la Dirección general de Redes e Infraestructuras de Telecomunicaciones de la Generalitat, y quien asegura que el 99% de las antenas cumplen con esta última normativa.

Una cosa es la normativa española y catalana (de 2001), que establece cuestiones como distancias mínimas de las antenas o sobre niveles de emisiones permitidos, y otra cosa el impacto visual. Los operadores admiten que no han hecho siempre las cosas bien, sobre todo al principio. "En los inicios de la telefonía móvil el despliegue se realizó con cierto desorden, pudo hacerse mal. Pero también es cierto que se nos dio un plazo de tiempo cerrado para conseguir cierta cobertura y, si no, no había licencia", recuerda Kim Faura, director general de Telefónica en Cataluña. A ese desorden se suma la estridencia de las primeras antenas. "De aquellas antenas enormes, blancas y rojas a las de hoy hay más que un trecho. Hoy, las antenas son árboles, chimeneas... su impacto visual es casi cero", enfatiza, inquieto porque "persisten ordenanzas municipales muy restrictivas".

Telefónica, Vodafone, Orange y Yoigo han firmado los primeros cinco pactos locales, que, según el consejero Ausàs, se irán implantando de forma progresiva, o eso se intentará, en otros municipios de Cataluña. La Secretaría de Telecomunicaciones calcula que entre lo que queda de este año y 2010 se pondrán cerrar pactos en otros 12 municipios. "Sobre todo están pensados para ciudades medianas, donde se haya producido un despliegue rápido. No creo que en Barcelona se piense en ir por esta vía", añade Torredemer.

"Te guste o no, sólo desde dentro se pueden cambiar las cosas", comenta por su parte Teresa Jiménez, desde la Federación de Entidades Vecinales de Santa Coloma de Gramenet, que también ha firmado su pacto. "Lo importante es regular, porque los vacíos legales han sido peligrosos. Lo importante es que los vecinos estemos representados", añade.

Para lograr el consenso social se ha aplicado una metodología desarrollada por el Centro de Investigación en Gobernanza del Riesgo de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) y el Instituto INE3 de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), que pasa por un diagnóstico de la situación, la identificación de los agentes implicados y sus intereses y la realización de infinidad de reuniones. Ha sido clave la participación de mediadores entre las partes.

El consorcio de ayuntamientos Localret estimó en 2008 que al menos se requerirá en los próximos años instalar el 20% más de antenas. Las dos inquietudes básicas que generan éstas son el impacto visual y los recelos que, pese a la inexistencia de pruebas científicas que relacionen las emisiones de las antenas permitidas con problemas de salud según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el temor siempre es libre.