Costa y Betoret justifican los regalos pero niegan haberlos recibido

Ricardo Costa y Rafael Betoret, dos de los imputados en la parte valenciana del caso Gürtel, sostienen que, de haber recibido regalos de la trama corrupta, habría sido por su vinculación con el PP y no por sus cargos en la Generalitat valenciana. Así consta en los recursos presentados por ambos contra el auto dictado el pasado día 6 por el juez instructor, José Flors, en el que considera que hay indicios lo bastante sólidos como para proseguir la investigación por un delito de cohecho contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps; el secretario general del PP de Valencia, Ricardo Costa; el ex vicepresidente de la Generalitat Víctor Campos, y el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret. Es previsible que, entre otros argumentos, también éste figure en los recursos de Camps y Campos.

Camps vuelve a rehuir las preguntas sobre su imputación por cohecho

Flors escuchó ayer las alegaciones de los cuatro imputados, que pidieron el archivo de la causa, y de la acusación y del fiscal, que pidieron nuevas investigaciones. Flors deberá decidir ahora si sigue con la causa y sienta en el banquillo a los imputados.

El presidente de la Generalitat, fiel a su estilo, volvió a eludir las preguntas sobre el caso. En un acto con policías locales en Valencia, Camps fue interrogado sobre si espera que prospere su recurso al auto del magistrado Flors. Y respondió: "Confío hoy en que la financiación [autonómica] sea una maravilla para el PP y, sobre todo, para la Comunidad Valenciana". Luego, rehuyó el resto de preguntas y se sumergió entre los cargos que asistían al vino de honor. Al acto también acudió Costa, que, como el resto de imputados, decidió no acudir al tribunal y delegar la representación en sus abogados.

Tanto Costa como Betoret niegan la mayor: no han recibido regalos. Pero consideran el supuesto teórico de que si así hubiera sucedido, no sería por sus responsabilidades en el Gobierno de la Generalitat sino por su vinculación con el PP. El recurso de Costa, entre otras cosas, afirma: "Si los inexistentes regalos que se afirman recibidos por parte del instructor hubieran tenido la finalidad de lograr el agasajo o provocar la complacencia de D. Ricardo Costa para contar con su gratitud o con su favor, dicha finalidad no podía provenir por la condición de diputado de las Cortes valencianas sino que dicha motivación, únicamente, tendría sentido por la condición del cargo que D. Ricardo Costa ha venido ocupando dentro del Partido Popular, dada la relación que la empresa Orange Market mantenía con el PP de la Comunidad Valenciana en la ejecución de actos, eventos y campañas que venía realizando para sí mismo". Y de ser así, concluye, no habría cometido delito alguno.

Betoret, por su parte, asegura que el auto debería haber sostenido la tesis de "considerar que los supuestos -e inexistentes- regalos guardan relación con la vinculación de los imputados al Partido Popular".

El instructor mantiene, de momento, la tesis recogida en el auto de que no hubo contraprestaciones por los regalos. Y ayer dio muestra de ello. Por la mañana notificó el rechazo a la petición de la fiscalía de imputar en la causa a Pablo Crespo, Francisco Correa y Álvaro Pérez, supuestos cabecillas de la red.

El juez explicó en su respuesta que la investigación está sujeta a un delito de cohecho sobre los cuatro imputados actuales, que hay otra investigación en Madrid sobre presuntos ilícitos de Correa, Pérez y Crespo, y que en todo caso debería solicitarse al tribunal madrileño que remitiera lo que que pudiera estar relacionado y que la sala del tribunal de Valencia lo admitiera.

La fiscalía, en la vista posterior para concretar la imputación, insistió en su propósito, aunque dejó claro que con ello no pretende ampliar el delito, aunque no lo descarta en función de cómo progresen las investigaciones.

El PSOE-PSPV acusó a los imputados de un cohecho y también reiteró su deseo de que declaren varios consejeros y otros imputados en Madrid. Las defensas solicitaron la paralización del proceso hasta que se resuelvan los recursos de apelación. Flors contestará en breve.