El arrozal de SOS salpica al Gobierno

El conflicto del Grupo SOS que estalló a finales de abril parece haber entrado en vías de normalización, lo que ha permitido respirar tranquila a la ministra de Medio Ambiente, Rural y Marino, Elena Espinosa. El Gobierno, quizá porque estaba embarcado en temas de calado como el cambio de ministros, el futuro de la banca, las fuentes energéticas o la propia crisis económica, había tardado en reaccionar. Pero quiere asegurarse que el grupo no se va a desgajar para salir de la crisis.

La desintegración de la principal compañía alimentaria española y uno de los símbolos industriales de España era más que un peligro desde antes de que los hermanos Jesús y Jaime Salazar -pre-cisamente, los hacedores del gru-po- fueran destituidos de los puestos de presidente y vicepresidente de SOS. El consejo de administración les acusó de haberse concedido presuntamente un crédito de más de 210 millones de euros mientras negociaban con inversores árabes.

El Gobierno tomó cartas en el asunto cuando el conflicto ya había entrado en terrenos muy pedregosos. El secretario de Estado de Medio Ambiente y Agua (antigua Agricultura), Josep Puxeu, arregló una entrevista con Vicente Sos, que había tomado eventualmente las riendas de la compañía tras la marcha de Jesús Salazar, y el director general Endika Sánchez Aguirre. Puxeu quería expresar su preocupación y, por extensión, la del Gobierno sobre el futuro de la empresa y la posibilidad de desgajamiento. El veterano empresario arrocero, cuyo apellido da nombre al grupo, aseguró que la intención del consejo era mantenerlo como estaba en esos momentos.

Las sospechas no eran a humo de paja. En medio de todo el conflicto, algún grupo andaluz del sector pretendió alianzas con las cajas de ahorros andaluzas accionistas (Unicaja, Cajasol, Cajasur y Caja Granada) para buscar una solución regional, lo cual probablemente había supuesto el desmembramiento que se temía y que fue una solución también barajada por la familia Salazar. Por otra parte, han surgido fuertes intereses de inversores italianos y estadounidenses, dada la presencia de SOS en esos mercados.

La integridad quedó manifiesta por el apoyo de los accionistas, entre ellos, las citadas cajas andaluzas, que suman algo más del 24%, y Caja Madrid, que ostenta el 10,5%. Además, Ahorro Corporación, participada por las cajas, posee el 4,3%. Es decir, las entidades de ahorro superaban con holgura el 28% de los Salazar. Además, las entidades de ahorro han asegurado su vocación de permanencia, aunque probablemente dentro de pocos meses haya cambiado su fisonomía.

Así que la solución de mantenerse unidos deparó en el nombramiento como presidente de Mariano Pérez Claver, un hombre de Caja Madrid, donde era director general. Pero, aunque estaba todo pactado desde mayo, el nombramiento no se produjo hasta el 29 de junio, fecha de celebración de la junta general de accionistas, por lo que apenas podía ejercer como tal. No obstante, también mantuvo algún contacto con Puxeu. Una de las primeras acciones de Claver tras la junta fue llamar a la ministra Elena Espinosa para concertar una entrevista, que está prevista para la semana que entra.

Pérez Claver quiere garantizar a la ministra la integridad de la empresa, así como su españolidad, tal como adelantó en una entrevista en EL PAÍS. La empresa está pendiente de refinanciar la deuda, que supera los 1.300 millones de euros y necesita, eso sí, una ampliación de 200 millones, lo que puede dar lugar a la entrada de capital italiano, lo que no significa que venda alguna división. Otra misión importante, precisamente, es ordenar el negocio, que, por cierto, apenas se ha resentido de la crisis interna.

La importancia del grupo para España se explica en que controla más del 30% de la producción española (con Carbonell, la marca de aceite más vendida en el mundo, y Koipe) y del 20% de arroz (con SOS). Después de haber vendido Galletas Cuétara, cuenta, además, con otras actividades.

Mientras tanto, los equipos jurídicos de SOS están removiendo los hilos para encontrar la forma de recuperar los más de 200 millones de euros que supuestamente desviaron los Salazar a sociedades particulares mientras negociaban con inversores árabes.