300 vecinos esperan una licencia del nuevo Gobierno de Gondomar

En Gondomar, el gobierno erigido con la moción de censura del martes se propone, prioritariamente, hacer "algo" con el parón urbanístico. No saben aún si rescatar el plan general de 2006, el "de la corrupción", pese a que se han pasado el último año y pico reclamando su reactivación, o decantarse ahora por encargar uno nuevo, como pretendía el BNG. Pero les devora la impaciencia y "algo" harán para hacerse notar en el asunto. La reforma de la Lei do Solo que anuncia la Xunta acude en su ayuda: ya serán menos los vetos para dar licencia a los más de 300 vecinos que la esperaban.

El Val Miñor, que se reparten los municipios de Baiona, Gondomar y Nigrán, anticipa un territorio de paisajes espectaculares a veces y amable siempre, como el clima. Por eso capta preferencias entre los vigueses que huyen de la gran ciudad, y esta demanda inmobiliaria, para domiciliarse o construir una segunda vivienda, constituye un primer foco de presión sobre el sector urbanístico.

La especulación ha generado expectativas distorsionadas

"Reclaman su condición rural, pero su modo de vida es urbanita"

La relación con Vigo incluye, además, la dependencia (empleo, negocios, movimiento constante) de los vecinos naturales de la comarca. "Han dejado de ser municipios rurales", anticipa Ana Fuentes, delegada para temas urbanísticos del colegio de arquitectos de Vigo. "La economía agraria es anecdótica, todos son urbanitas", sentencia.

Las propias bendiciones naturales, por otra parte, potencian la explotación turística, y una cosa y otra reclaman planteamientos urbanísticos diferenciados que a su vez hay que armonizar con los intereses, particulares y arduos, del vecindario porque, según les venga, "reivindican su condición rural, pero iluminada con farolas en lugar de las linternas que usaban antes".

Un solar o parcela, por el mero hecho de estar ahí e interesar a un promotor, ha multiplicado por cinco, por diez, su precio en los últimos años. El negocio inmobiliario ha movido cantidades ingentes de dinero con las únicas artes de la especulación y ha generado entre los propietarios de terreno expectativas distorsionadas y, hoy día, ya inalcanzables. Haber perdido la ocasión provoca contrariedad. Pero lo que menos toleran los propietarios son las restricciones administrativas al uso del suelo que les pertenece.

El nuevo alcalde de Gondomar, Martín Urgal, ha mostrado en su caso una declarada intención de complacerles. También lo hizo antes, por complacencia mutua, el alcalde del PP que le precedió, Carlos Silva, aún concejal del equipo actual, condenado a cárcel e inhabilitación, con su junta de gobierno, por un pequeño lote de las más de 300 licencias que otorgó al amparo de un plan general anulado por el Tribunal Supremo. Las que den Urgal y su virtual concejal de Urbanismo, el ex socialista Alfonso de Lis, tendrán ahora el paraguas reformador anunciado por la Xunta.

Esos dos protagonistas de la moción de censura sufren en propia carne condenas de demolición por prácticas urbanísticas ilegales: el hotel de uno y la nave industrial del otro. Independientemente del resultado último de ambos casos, su mera existencia ya induce la precariedad con la que prende en ambos dirigentes el binomio urbanismo-legalidad. Podrían convertirse, en su carrera para hacer "algo" con tal punto de partida, en adalides de esa corriente tan extendida por los municipios gallegos. Como Oia, por ejemplo, cuyo regidor, Alejandro Rodríguez (PP), se resiste a ejecutar la orden judicial de demolición de la nave de De Lis: "Son gente trabajadora que crea empleo", aduce. Como si eso fuera imposible desde la legalidad, e ignorando siempre que el espacio ya no es propiedad exclusiva de vecinos o ayuntamientos.