"Falta cultura de legalidad, sensibilidad y generosidad"

La primera Ley del Suelo española se promulgó en 1956. Ana Fuentes, delegada de urbanismo en la directiva del colegio de arquitectos de Vigo, señala esa fecha para significar el retraso con respecto a otros países europeos y, subsiguientemente, la escasa sensibilidad social con el urbanismo y sus consecuencias. Las leyes gallegas en la materia se publican 30 años después y conservan un alto grado de aplicación que se contradice con el ritmo acelerado al que han cambiado la sociedad y la economía, los modos de producir y consumir, hasta llegar a estos momentos en que "el medioambiente, su protección, ha pasado a la primera línea del interés general".

"Sencillamente, no se puede admitir que un vecino aspire a hacer valer sus expectativas de hace 20 años para edificar lo que quiera donde quiera, por más que el suelo sea suyo", explica. "Ni siquiera, si el objetivo es vender, puede mantener las de hace dos años. Falta mucha formación y sensibilización en ese sentido: una vez el territorio está ocupado, ya no hay posibilidad de recuperación ambiental".

Hay que empezar a pensar con generosidad para la generalidad, propone la urbanista. Acabar con la sensación de impunidad, de que nunca pasa nada, "cuando sí que pasa, aunque lentamente, y con efectos mucho peores que el beneficio inmediato de la cicatería. La ilegalidad no compensa", concluye.

Normas ágiles

La normativa urbanística, por otra parte, se ha hecho progresivamente compleja: las directivas europeas en función de la sostenibilidad, la fijación de la Red Natura, las Normas del Hábitat o las diversas adaptaciones y readaptaciones de otras, abundan en los requerimientos de formación y también de agilidad en la tramitación de los planeamientos, que demoran años y nacen obsoletos, desfasados con la velocidad de los cambios sociales. Debiera bastar, propone Ana Fuentes, una estrategia general de planeamiento, a revisar cada 15 o 20 años, con normas de adaptación a cada momento.

Además, Fuentes considera que hay que sacar el urbanismo de la discusión política para plantearlo como una necesidad vital, educando en la trascendencia que tienen las actuaciones individuales y otorgando a la Administración competencias en la transformación del suelo que están en manos privadas. "La situación se puede superar porque no hay otra opción: trabajo y formación para adaptarnos como nos adaptamos al euro y a todo", confía.