Los 31 alcaldes de La Axarquía exigen cambiar la ley urbanística

La solución a las más de 10.000 viviendas construidas en suelo no urbanizable en La Axarquía puede resultar tan sencilla como cambiar la ley. Es decir, en lugar de sancionar o modificar lo que es ilegal, variar la norma para que deje de serlo. Así lo piensan los 31 alcaldes de la comarca, sin distinción de color político, que el pasado miércoles aprobaron por unanimidad una moción en la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Oriental en la que se insta a la Junta a la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). Los alcaldes quieren un reglamento que contemple la particularidad de la zona y permita en ciertos casos viviendas diseminadas en el suelo no urbanizable y modificar también el Plan de Ordenación del Territorio.

Es la misma batalla que los alcaldes de la zona ya plantearon durante la elaboración de la LOUA, que entró en vigor en enero de 2003. Los alcaldes justifican su petición ahora en dar "garantía jurídica a los ciudadanos propietarios de las viviendas ahora fuera de ordenación y para establecer un marco jurídico unitario de aplicación por parte de los responsables municipales".

Y es que los alcaldes axárquicos se quejan de que ha habido un marco normativo "disperso y cambiante", que reprochan a la Junta, y que ha obstaculizado la planificación urbanística del los municipios, cuando no ha habido directrices contradictorias.

El portavoz del PSOE en la Mancomunidad, Francisco Muñoz, explica que con la propuesta "no se trata de querer eludir ninguna responsabilidad", sino de paliar una situación de "desconcierto social" por la incertidumbre de muchos ciudadanos sobre el futuro de sus viviendas y la parálisis total de la actividad de la construcción en la comarca. Para propiciar el reimpulso, la mancomunidad ha instado a instituciones públicas y agentes sociales a firmar un pacto social por el urbanismo en la Axarquía.Los alcaldes de La Axarquía buscan casi a la desesperada soluciones al embrollo jurídico por la proliferación de viviendas en el suelo rústico no urbanizable. Una de sus pretensiones es que la cuestión de la legalidad de las licencias de obras para este tipo de construcciones se sustancien exclusivamente en el ámbito de lo contencioso-administrativo, y no en la vía penal, es decir, que se anulen en todo caso las licencias pero que no se consideren una prevaricación, como tipifica el Código Penal.

Al menos 19 munícipes de la comarca están implicados en procedimientos penales por concesión de permisos para construir en suelo no urbanizable o por no haber actuado para impedirlo. Otra cosa son los casos de corrupción en los que un responsable municipal haya podido incurrir en cohecho. En el escrito que los alcaldes del PSOE entregaron hace dos meses al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, con esta petición de no aplicar la acción penal se excluía explícitamente el caso de Alcaucín, donde la Guardia Civil ha destapado una trama de cobro de comisiones y favores urbanísticos presuntamente tejida por José Manuel Martín Alba, que dimitió como alcalde tras ser detenido el 27 de febrero y fue expulsado del PSOE.

En el acuerdo adoptado por la Mancomunidad de la Costa del Sol Oriental se propone la creación de una mesa de diálogo entre ayuntamientos, Junta y Diputación para "buscar soluciones factibles y aplicables con el objeto de solucionar esta situación de desajuste urbanístico, normativo y legal". Lo curioso del asunto es que esta mesa ya se creó en junio de 2008, justamente pocos días después de que los alcaldes firmaran otro acuerdo rechazando la actuación penal y pidiendo el mismo diálogo.

El consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, se ha reunido dos veces con los alcaldes, en junio y noviembre de 2008 para abordar el asunto y en ambas dejó claro que no habrá una legalización masiva ni una amnistía. La Junta ha ofrecido a los ayuntamientos un plan de inspección y normalización para identificar caso a caso cada una de las viviendas en suelo no urbanizable y su situación jurídica y urbanística; y abordar las que sean posibles de normalizar y en qué condiciones dentro de los planes de ordenación urbanística que se han de elaborar -ningún municipio del interior tiene plan general-. En principio sólo quedarían fuera de ordenación las que ocupen suelo especialmente protegido. Apenas una decena de municipios ha pedido pedido acogerse a este plan.