Servicios públicos amenazados

Una de las mayores reticencias que suscita la nueva Xunta de Galicia está relacionada con su política respecto a los servicios públicos, y en general con los pilares básicos del Estado del bienestar. Esta creciente preocupación social está plenamente justificada si se considera que la Xunta presidida por Núñez Feijóo parece decidida a deteriorar los logros históricos que, conquistados a lo largo de un amplio proceso civilizador, configuran hoy nuestro estilo de vida.

En efecto, cuando la conselleira de Sanidade, Pilar Farjas, proclama, con una contundencia desconocida en los 30 años de autogobierno, su defensa de la sanidad privada y descalifica groseramente a los defensores de la sanidad pública (casposos y trasnochados) no deja lugar a dudas sobre cuál es su orientación estratégica y cuáles sus objetivos en política sanitaria. Pero donde el Gobierno Feijóo ha pasado de las palabras a los hechos es en Educación. Es cierto que la apuesta por la enseñanza privada en detrimento de la pública era ya un hecho fácilmente constatable durante los gobiernos de Fraga Iribarne. Basta con echar una simple ojeada a los sucesivos presupuestos de la época para confirmar esta apreciación.

Justificar la supresión de la gratuidad de los libros de texto en el ahorro de 3 millones es pueril

Pero el nuevo gobierno de Galicia, con el inefable conselleiro del ramo, Jesús Vázquez, a la cabeza no sólo ha decidido rescatar aquella nefasta política, sino que parece dispuesto a desarrollarla con toda energía y sin complejos. En esa dirección, el conselleiro de Educación ha empezado por cargarse alguno de los programas más innovadores en el ámbito de las políticas públicas de gasto educativo, como era la gratuidad de los libros de texto, instaurada por el anterior gobierno.

Intentar justificar tal medida en base a una desviación presupuestaria de tres millones de euros que, en caso de existir, representaría el 0,001 % del presupuesto educativo de la Xunta, es simplemente pueril. Más grave es que se otorgue a la medida un carácter progresista, como hace la Xunta, al relacionar las ayudas a los libros con los niveles de renta. La Constitución Española consagra que la educación es universal y gratuita en todos los tramos obligatorios, y todos los usuarios tienen los mismos derechos. Donde hay que introducir la progresividad asociada a la renta es en la política fiscal y no en la prestación de los servicios públicos, que han de ser igual para todos. De lo contrario, la población con posibilidades económicas huirá del sistema público y se profundizará así el carácter dual del sistema educativo, con demoledoras consecuencias tanto para la equidad como para la calidad de la enseñanza (pública y privada).

Mucho interés -y preocupación- despierta también la futura política presupuestaria y los conciertos con la privada. Pese al esfuerzo presupuestario realizado por el anterior Gobierno presidido por Pérez Touriño, las insuficiencias de gasto público han determinado una polarización educativa de manera tal que la población de rentas más altas envía a sus hijos a la escuela privada, y la población con rentas inferiores lo hace a la escuela pública, donde, a su vez, se concentran los hijos de los inmigrantes.

Conviene tener en cuenta que las escuelas privadas concertadas no son en realidad gratuitas, seleccionan a los alumnos, excluyen a los hijos de los inmigrantes, y no están integradas de hecho en el sistema público. Buena parte de los centros privados concertados han conseguido evadir, utilizando métodos más que discutibles, fenómenos que, sin embargo, afectan de forma severa a los centros públicos, tales como la llegada de inmigrantes o la ampliación (no convenientemente financiada) de la escolarización obligatoria. Este proceso ha reforzado el carácter dual de nuestro sistema educativo no universitario y ha promovido la existencia de patrones desiguales de fracaso escolar entre los diferentes grupos sociales.

Desgraciadamente, todo indica que Feijóo no sólo no piensa revertir esta dinámica, sino que parece dispuesto a fortalecerla y ampliarla. Senso contrario, la oposición debería transformar la defensa y mejora de nuestros servicios públicos en el centro de gravedad de su actividad política y de su alternativa de gobierno. Veremos lo que ocurre después del verano.