La lógica de la violencia

Como demuestra la invasión de Irak en 2003, en su afán por revisar el orden interno de algunos países, las grandes potencias no han renunciado por completo a las formas clásicas de intervención exterior, a pesar de la derrota histórica que para algunas de ellas supuso Vietnam.

Pero los mecanismos para la intromisión se han ido modernizando. El patrocinio de golpes militares ha perdido vigencia, diseñándose vías a priori más aceptables para la ética democrática. En la dimensión que supera la mera presión política y económica, destaca la ayuda a insurrecciones locales que consiguen hacerse con el poder o, al menos, influir sobre él. Esta modalidad de injerencia caracteriza el respaldo a movimientos como la Contra nicaragüense, el ELK kosovar o los distintos grupos de muyahidines que impulsaron la insurrección contra los gobiernos pro-soviéticos de Afganistán. Los vínculos de algunos sectores políticos estadounidenses con el IRA guardan algún paralelismo con esta forma de acción exterior.

Sólo la cesión y el acuerdo sirven para acabar con la confrontación permanente

Los que acabaron con la tregua creen que ponen las bases de la negociación

El apoyo a movimientos populares que rápidamente consiguen imponerse en la calle, a menudo en contextos de posible fraude electoral, es otro de los mecanismos de cambio al que se ha asistido en los últimos años. Ejemplo de estas actuaciones, impensables sin un fuerte respaldo exterior, son las revoluciones de Georgia y Ucrania o el levantamiento popular contra Milosevic.

Una formulación avanzada de esta actuación para el cambio es el derecho a proteger, o intervencionismo humanitario. Kosovo constituye el principal precedente, aunque en una variedad más bien conflictiva, caracterizada por una actuación al margen del Consejo de Seguridad de la ONU tanto en la ofensiva inicial de la OTAN como en el proceso de reconocimiento final de la independencia.

Al margen de su formulación más o menos ética, el problema que plantean estas vías de intervención es que todas ellas incluyen la aceptación de algún tipo de violencia como medio de resolución de los conflictos locales. Sorprende, por tanto, la escasa capacidad autocrítica con que suelen analizarse en Occidente los acontecimientos señalados, a pesar de que con frecuencia tienen consecuencias graves y a largo plazo para las poblaciones afectadas. Un ejemplo de ello son las desgracias de una población afgana sujeta a 30 años de guerra, de las que una parte no precisamente menor corresponde a los sangrientos enfrentamientos entre los muyahidines tras la caída del régimen comunista. La limpieza étnica de la población serbia de ciudades como Prizren y los campos de refugiados romaníes en Montenegro ilustran también lo que significa el exceso de compromiso con una de las facciones en Kosovo.

Como ponen de manifiesto tanto la experiencia afgana como la reciente crisis de Georgia, además, el apoyo a la violencia no sólo causa daños colaterales a terceros. La insensatez puede volverse contra quienes la practican.

La miseria de la política intervencionista es que es incapaz de reconocer que los grandes cambios son aquellos de los que participa el conjunto de la población. En el caso de los pueblos divididos, la violencia sirve para que una de las partes llegue al poder pero es poco probable que éste pueda consolidarse sin un acuerdo constituyente del que participen todos los ciudadanos. La intervención exterior en Irán, desde la contribución a la caída del líder democrático Mosaddeq hasta el apoyo actual a los componentes más pro-occidentales del régimen de los ayatolás, pasando por la aceptación más o menos entusiasta de la revolución jomeinista, es uno de los principales ejemplos de las nefastas consecuencias para la libertad y la democracia de la intromisión de las grandes potencias.

En nuestro país, una historia de confrontación permanente sólo pudo superarse por la vía de la cesión y del acuerdo, una actuación para la que no hicieron falta asesores externos. En un momento en el que abundan las críticas a la transición, conviene recordar el fundamento de aquel acuerdo: la voluntad de de no imponer el punto de vista exclusivo de una mayoría, fuera cual fuera ésta. El éxito de la transición, como el de la Constitución en que se concreta, radica ante todo en que siguen siendo muy escasos los que estarían dispuestos a poner en peligro las bases para la convivencia que entonces se establecieron. Los pocos que lo han intentado han fracasado estrepitosamente. Quienes pusieron las bombas que rompieron la tregua, así como los que les sucedieron en sus acciones violentas, piensan sin duda, como en su momento los republicanos del IRA, que están luchando por poner las bases para una negociación en Euskadi. Participan en este sentido de esa lógica que, tanto en Irlanda como en Kosovo, parece haber resultado tan efectiva. Pero en las sociedades en las que no prevalece la idea de que la violencia es una parte central de una estrategia para la victoria, cada nuevo acto de terror es un paso más hacia la marginación. Más que acercarse a una negociación, lo que cada nueva bomba lleva consigo es un resquicio aún menor para las necesarias medidas de integración que deberían acompañar al silencio definitivo de las armas.

Mientras se imponga el espíritu de consenso que configuró la transición, será muy poco lo que consiga la violencia. Quienes crean, con plena legitimidad, que es necesario un marco distinto del que representan la Constitución y el Estatuto deberían actuar como aquellos que hicieron llegar la democracia a este país, difundiendo con la palabra sus valores, sus argumentos y sus propuestas. En una sociedad que a pesar de todo aún sigue abierta al oponente, el recurso a la violencia es ante todo una muestra de debilidad. Más que la debilidad de los que carecen de un fuerte patrocinio exterior, es la debilidad de los que, de partida, renuncian a pensar alternativas que pretendan convencer.