Los Mossos podrán incautarse de los equipos de sonido de las fiestas 'rave'

Dos años y medio después de la macrofiesta rave que durante tres días se celebró en un cámping abandonado de Polinyà y que acabó con un atropello mortal, el Parlament aprobará hoy la nueva Ley de Espectáculos y Actividades Recreativas, con los votos del tripartito. Entre otras cuestiones, prevé que la policía autonómica pueda requisar los potentes equipos de sonido de estas fiestas, que se celebran sin permiso y que en ocasiones se prolongan durante varios días para desespero de los vecinos. Entonces, en enero de 2007, los alcaldes y el Consejo Comarcal del Vallès pidieron un cambio de legislación para que los Mossos pudieran intervenir en estos casos. El consejero de Interior, Joan Saura, anunció la elaboración del proyecto de ley que hoy llega a la Cámara.

El tripartito añade un artículo que trata de 'blindar' los 'correfocs' y la Patum

Raves aparte, el texto regula el sector del ocio y el espectáculo nocturnos -que hasta ahora se regía por la Ley de Policía del Espectáculo, de 1990- y tiene como otro de los puntos controvertidos los after hours. Es la primera vez que se someten a una normativa estos locales, en situación alegal hasta ahora. Además, la norma descentraliza a favor de los municipios las competencias para controlar el sector del ocio nocturno.

No ha sido un texto fácil de consensuar. Las patronales del sector de bares, discotecas y salas de conciertos pusieron el grito en el cielo y siguen en pie de guerra ante lo que consideran una norma vaga que vulnera su seguridad jurídica. Sus críticas a la ley han llegado hasta el Consejo Consultivo, que ha analizado, a petición de CiU, la constitucionalidad de hasta 54 del total de 65 de artículos del texto. En síntesis, lo que los empresarios y la formación nacionalista cuestionaban era el hecho de que el texto de la ley se refiere demasiado, a su juicio, al reglamento que Interior debe elaborar para aplicarla una vez que esté aprobada por el Parlament.

El Consultivo -cuyo dictamen no es vinculante- sólo ha objetado en dos puntos de dos artículos: el que limita el número afterhours y uno de los que fijan el motivo de las sanciones de las que puede ser objeto un local. En el primer caso, los partitos del tripartito han introducido una enmienda al texto final que no habla de número de locales, sino de los requisitos que éstos deben cumplir (cuestiones como el tamaño, la distancia a equipamientos como escuelas u hospitales). Sobre las sanciones, el texto final suprimirá una condición que el Consultivo juzga arbitraria, "un auténtico cajón de sastre", y que, advierte, podría llevar a la "discrecionalidad de la Administración"; es la que decía así: "Y cualquier otra circunstancia atenuante o agravante".

Las dos principales patronales de bares y discotecas, la Fecasarm y la Fecalon, además de la Asociación de Salas de Conciertos, no se conforman con estas modificaciones e insisten en la vaguedad de la norma. La Fecasarm, por boca de su secretario general, Joaquim Boadas, amenaza con un cierre patronal en septiembre y califica la ley de "ataque frontal al sector". La Fecalon tiene la esperanza, en cambio, de introducir algunas de sus demandas en el reglamento. Por su parte, las salas de conciertos la consideran "demasiado policial y poco cultural", afirma Carme Zapata.

Interior defiende el texto porque, argumenta, adapta a realidades sociales cambiantes sin necesidad de modificar el texto de la ley y trata de equilibrar los derechos de empresarios, artistas, usuarios y vecinos. En este sentido, la norma obliga a los vecinos que denuncien un local a permitir la entrada de técnicos para comprobar el nivel de ruido, una vieja reivindicación de los locales.

El diputado de ICV, Jaume Bosch, explicó que el tripartito ha introducido un artículo, "que votarán todos los grupos", que blinda los correfocs y espectáculos como la Patum, en peligro por una directiva europea. El artículo reconoce el carácter de "patrimonio social y cultural" de estas fiestas en las que tiene un papel esencial el fuego. Así abre la vía a que el Congreso fije esta excepción con relación a la normativa europea.