La Junta desempolva la reforma de la ley de la Función Pública

La historia de la reforma de la ley de la Función Pública de la Junta de Andalucía es como el cuento de la Buena Pipa, aquel que nunca termina porque nunca empieza. Desde 1990, los programas electorales de los socialistas prometen su modificación. Pero en casi 20 años han pasado gobiernos, consejeros, legislaturas, diputados, y la norma sigue intacta desde que se aprobó por primera vez en noviembre de 1985, aunque la Junta siga creciendo y en la actualidad haya 52.289 personas trabajando en los servicios generales de la Administración autonómica. Ni Manuel Chaves tras las elecciones autonómicas de 2008, ni el actual presidente, José Antonio Griñán, aludieron en sus compromisos de investidura ante el Parlamento a la reforma de esta ley, aunque sí a la modernización de la máquina burocrática.

La consejera de Justicia y Administración Pública, Begoña Álvarez, trabaja ya en un borrador y un texto provisional del articulado de la ley. No tiene un encargo específico de Griñán sobre este asunto, pero está dispuesta a "renovar una ley de hace 25 años que no se adapta a la Administración actual", aseguró a EL PAÍS.

La reforma de la Administración fue el principal consejo que los redactores de la Segunda Modernización -el grupo de expertos auspiciado por Chaves para marcar líneas estratégicas de actuación- formularon para conseguir la eficacia de la gestión pública y una economía más competitiva. Pero hasta ahora, ningún consejero ha logrado cambiar la norma que afecta al empleado público.Los consejeros que han tenido a su cargo la responsabilidad de la Administración sí han hecho intentos de reformar una ley que tiene 24 años, pero se han quedado, después de pasar por las reuniones del Consejo de Gobierno, en documentos de bases que no han llegado adonde debían: a un proyecto de ley al Parlamento de Andalucía para su discusión y aprobación final. El último ensayo fue en mayo de 2007, cuando se creó una comisión de expertos con el encargo de elaborar "en un plazo prudencial un informe que contenga las propuestas pertinentes de la reforma de la función pública de la Junta de Andalucía".

El miedo al achicharramiento político de los consejeros de turno no es ajeno al incumplimiento de esta vieja promesa electoral del PSOE, por cuanto cada vez que se empieza a hablar de función pública -como suele ocurrir también con la educación- se inicia el debate de cuánto van a cobrar los funcionarios y no el de mejorar el servicio público a los ciudadanos. Como tampoco se acomete al principio de las legislaturas, el temor a un conflicto con los potentes sindicatos de los funcionarios a pocos meses de las elecciones paraliza los bienintencionados conatos de reforma. Y así hasta el próximo mandato.

Por ahora, la consejería trabaja con expertos universitarios, ha mantenido contactos con los sindicatos mayoritarios (CSIF y UGT) y piensa incorporar a esta mesa en otoño próximo a representantes de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, de la Universidad y de organismos autónomos para que aporten sus puntos de vista "porque la ley va a tener incidencia en esas administraciones", asegura Begoña Álvarez.

Su idea es que en el primer semestre de 2011 el proyecto de ley pase por el Consejo de Gobierno, a un año de las próximas elecciones autonómicas.

"Tenemos que renovar una ley de casi 25 años que no se adapta a la Administración actual y desarrollar un texto estatal [la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público de abril de 2007] para configurar una Administración no de 2009, sino del 2020", afirma la consejera.

El objetivo de la reforma es emprender una modernización que redunde en la mejora del servicio público. Álvarez sostiene que la actual crisis económica, en contra de lo que pueda parecer, puede ser un "buen momento" para sacar la ley adelante. "Hay que transformar eso en una ventaja, para que la negociación no gire tanto sobre el tema económico como sobre la modernización y para dar otra imagen del funcionario distinta de los clichés clásicos, como alguien que resuelve los problemas de los ciudadanos". Admite que no ha recibido ninguna instrucción explícita del presidente de la Junta para elaborar una nueva norma de la Función Pública, sino de la reforma de la Administración, y "ahí encuentra encaje", subraya.