Expedientadas las grandes eléctricas por entorpecer el cambio de compañía
Competencia argumenta que se ha impedido el acceso a datos de los clientes
La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha vuelto a poner el foco en las eléctricas. El organismo ha abierto un expediente sancionador a Endesa, Iberdrola, HC Energía, Unión Fenosa y E.ON por posibles prácticas anticompetitivas en el suministro de energía al cliente final y estudia la adopción de medidas cautelares en contra de estas compañías.
Según fuentes de la CNC, estas prácticas podrían consistir en la suspensión temporal a terceros, por parte de las distribuidoras de estos grupos empresariales expedientados, del acceso telemático a los datos necesarios para gestionar el cambio de compañía suministradora de los consumidores finales que pueden ser empresas o familias.
La decisión llega en pleno proceso de liberalización de tarifas
El organismo presidido por Luis Berenguer advierte de que estas prácticas "anticompetitivas" se producen en un momento "crítico" del proceso de liberalización de tarifas. Considera que podrían "estar interfiriendo" en este proceso y, en concreto, en el traspaso de clientes pymes del sistema regulado al mercado libre.
Fuentes de la CNC reiteraron ayer la gravedad de esta conducta en estos momentos con la entrada en vigor, a partir del próximo 1 de julio, de la tarifa de último recurso (TUR), la única que fijará el Gobierno.
A partir de esa fecha, los clientes con potencias contratadas iguales o inferiores a los 10 kilovatios (kw) podrán elegir entre acudir al mercado o acogerse a tarifa, en tanto que los que superen ese límite deberán contratar el suministro de forma obligatoria con una comercializadora que opere en el mercado libre.
Desde julio, el suministro eléctrico pasará a depender en exclusiva de las comercializadoras, en tanto que las distribuidoras se centrarán en la gestión de las redes. El Gobierno sólo ha autorizado cinco comercializadoras de último recurso que, precisamente, pertenecen a los cinco grandes grupos eléctricos contra los que se abre el expediente, en tanto que en el mercado libre operan unas 25 compañías.
Para facilitar el cambio de suministrador y fomentar la competencia, las distribuidoras están obligadas a permitir a las comercializadoras acceder a los datos de sus clientes, siempre y cuando éstos no indiquen lo contrario. Por tanto, según la CNC, las supuestas prácticas anticompetitivas podrían estar interfiriendo en un hito relevante del proceso de liberalización del mercado eléctrico "con el que se esperaba que pudiera producirse el traspaso de un número importante de consumidores del mercado regulado al libre, especialmente en el caso de las pymes". En el expediente incoado por la Dirección de Investigación de la CNC se ha propuesto la adopción de medidas cautelares para obligar a las compañías a restablecer el acceso telemático a la base de datos de las distribuidoras y garantizar a las comercializadoras independientes el normal funcionamiento de la gestión del traspaso de clientes.
Las prácticas investigadas ahora se producen tan sólo dos meses después de que el Consejo de la CNC multara a estas cinco compañías con un total de 38 millones de euros por prácticas similares. La CNC dice que la incoación del expediente no permite prejuzgar el final de la investigación y añade que se abre un periodo máximo de 18 meses para la instrucción y resolución del caso.
