La Xunta exige 600 millones para el traspaso de la AP-9

La Xunta quiere la Autopista del Atlántico con dote millonaria. Los planteamientos del Gobierno gallego para asumir la titularidad de los algo más de 219 kilómetros que integran la principal arteria de Galicia establecen que el traspaso venga acompañado de unos recursos financieros de algo más de 600 millones de euros. Así lo confirman desde la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, que señala que será uno de los asuntos que abordarán hoy Alberto Núñez Feijóo, y el titular de Fomento, José Blanco.

Hasta ahora, el PP venía reclamando el cambio de titularidad sin cuantificar los recursos necesarios para abordar las obras de ampliación y lo que definía como la "reformulación" de la AP-9. Ni siquiera en su programa electoral. Ayer, la consellería que dirige Agustín Hernández puso cifras a esa reclamación, superior en 200 millones a las necesidades financieras planteadas en su día por el bipartito para abordar las ampliaciones y los accesos pendientes, que la Xunta anterior ya negociaba con Fomento.

El traspaso de la autopista se planteará un día después de que el fondo norteamericano Citi cerrase con éxito su oferta pública de adquisición sobre Itínere, filial de Sacyr Vallehermoso y propietaria de la concesionaria. El cambio de titularidad, reclamado a principios de mes de forma unánime desde el Parlamento a propuesta del PP, también incluye la AP-53, que une Santiago con Lalín, aunque la Xunta considera de mucho menor impacto en las cuentas públicas la dotación financiera de la transferencia de esta vía. Según el Gobierno autónomo, durante los contactos preliminares mantenidos con Fomento, "la receptividad en este caso ha sido mayor".

Precedentes en Cataluña

Para apoyar sus reclamaciones, la Xunta señala que "existen precedentes de transferencias de tramos de autopistas nacionales a comunidades autónomas, como en el caso de Cataluña con la N-II en El Maresme". Para la ejecución de las obras planteadas, como la ampliación del puente de Rande y las ampliaciones de los accesos a Santiago y A Coruña, que hasta ahora estaban pendientes de los acuerdos entre Fomento y la concesionaria, la Xunta establece también una nueva hoja de ruta. "Lo más beneficioso para el interés público", sostiene, será que la licitación de las obras de mejora y ampliación sea asumida por la Administración gallega -una circunstancia prevista en la Lei de Autoestradas- "en el marco de un convenio con la concesionaria".