La ciudad de Valencia pierde 30 millones en el solar del nuevo estadio

El Valencia Club de Fútbol ganó 30 millones de euros en la permuta del solar sobre el que se construye el nuevo estadio, en la avenida de las Cortes Valencianas. O lo que es lo mismo, la ciudad de Valencia pierde esa cantidad a causa de la tasación asumida en la operación por el equipo de la alcaldesa, la popular Rita Barberá.

Según un informe de la Gencia Tributaria incluido en la investigación que desarrolla la Fiscalía de Valencia sobre la permuta, la tasación de los más de 80.000 metros cuadrados de ese solar asciende a 75 millones de euros. Sin embargo, el Ayuntamiento acordó con el club un valor de 45 millones, tras asumir la más alta de las tres tasaciones que solicitó cuando el convenio estaba por firmar.

Esa sustancial diferencia, según la Fiscalía de Valencia, es producto directo de una decisión a sabiendas favorable para el club tomada por el Ayuntamiento de Valencia, concretamente por Rita Barberá, alcadesa, y por los concejales Jorge Bellver, de Urbanismo, y Alfonso Grau, de Grandes Proyectos.

Si es o no sostenible una imputación contra la alcaldesa, aforada por su condición de diputada, es una cuestión que está en manos del fiscal general del Estado, que tiene sobre la mesa dos informes: uno, de la Fiscalía de Valencia considerando que sí; y otro, de la Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana, competente para aforados, que opina lo contrario. Las diligencias se mantienen abiertas en espera de la respuesta de Cándido Conde-Pumpido.

El Ayuntamiento recalificó para uso deportivo privado la parcela de la avenida de las Cortes Valencianas donde se construye el nuevo estadio del Valencia. Un informe de la Universidad Politécnica valoró esa parcela y sus nuevos usos en 33 millones de euros y dos informes privados en 43 y 45 millones de euros, respectivamente. La Corporación aprobó el acuerdo con el club con la tasación más alta, la de 45 millones. El club, a cambio, entregaría 19 parcelas dispersas por la ciudad. Esas parcelas están valoradas en 18 millones de euros. Los 17 millones de diferencia debían ser compensados por el club con un abono en efectivo. De momento, ni las parcelas ni el dinero se han entregado al Ayuntamiento. Sin embargo, sobre el solar previsto, aunque con las obras paralizadas por falta de fondos, ya se levanta el esqueleto del futuro estadio.Meses después de que el Ayuntamiento aprobara en pleno el convenio, el club solicitó una recalificación parcial del solar, concretamente de los metros cuadrados que en el proyecto inicial conveniado estaban destinados a oficinas. Pidió permiso para poder disponer de una licencia de uso hotelero. Y el Ayuntamiento volvió a decir que sí sin hacerse ningún cuestionamiento sobre el impacto económico respecto del pacto entre las partes.

Una denuncia de los vecinos obligó a la Fiscalía de Valencia a abrir una investigación. Los denunciantes consideraron que el Ayuntamiento había dejado a los ciudadanos sin unos terrenos de uso público para acceder a los deseos de un club de fútbol que salía claramente beneficiado en la operación económica.

La Fiscalía inició las diligencias y llamó a declarar a varios técnicos del área municipal de Urbanismo. Además, reclamó al Ministerio de Economía y Hacienda una nueva valoración sobre la parcela.

Esa valoración se eleva a 75 millones de euros. Ello significa, tal como consta en el informe, que el Valencia suma un beneficio de 30 millones de euros como consecuencia del acuerdo suscrito con el Ayuntamiento.

La Fiscalía de Valencia, una vez estudiada toda la documentación aportada por el Ayuntamiento y las explicaciones de los técnicos, considera que el equipo de Rita barberá que dirigió las negociaciones con el club de fútbol conocía indiscutiblemente las intenciones de solicitar una posterior recalificación para permitir un ventajoso uso hotelero en el complejo deportivo. De ello, responsabiliza a Grau, a Bellver y a la propia alcaldesa.

Precisamente, por el hecho de encontrarse con una aforada, la Fiscalía de Valencia tuvo que enviar el asunto a la Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana. Ésta reclamó en dos ocasiones informes complementarios para conocer el detalle de todo lo actuado.

Su criterio es diferente, ya que no ve claro que de ese beneficio sean responsables los dos concejales y la alcaldesa. Más aún, sin entrar demasiado en el fondo de la cuestión, entiende que hay falta de pruebas para sostenerlo.

A su juicio, la última recalificación, la que permite al Valencia disponer de una licencia de uso hotelero en el complejo, se produce con posterioridad a la firma del acuerdo. Ante la divergencia entre ambos, el asunto está en manos del fiscal general del Estado.