La Generalitat reclama el 25% de la financiación extra que ponga el Estado

Las negociaciones para pactar el nuevo modelo de financiación parecen estar -esta vez sí- en su recta final. Independientemente de si se alcanzará el acuerdo el 15 de julio, la última fecha límite fijada por José Luis Rodríguez Zapatero, a ninguna de las partes (Gobierno y tripartito) le interesa que se demore más el asunto. Se juegan demasiado electoralmente para permitirse el lujo de fracasar. No sólo el Ejecutivo central, como insiste el consejero de Economía, Antoni Castells, para meter presión. Los suyos, el Gobierno de la Generalitat y el PSC, también, con unas elecciones a cara de perro a la vuelta de la esquina en otoño de 2010. Y la Administración catalana reclama el 25% de la financiación extra que ponga el Estado, que, de momento, el Gobierno central cifra en 9.000 millones para todas las comunidades.

Un acuerdo es cosa de dos. Así que todo parece dispuesto para un entendimiento. Tras un frío invierno, se ha producido un deshielo en las relaciones entre ambas administraciones. Tanto Zapatero como su vicepresidenta económica, Elena Salgado, confían en zanjar el asunto en dos semanas y, por primera vez, han puesto sobre la mesa una cifra como punto de partida: 9.000 millones para repartir. Cataluña la considera insuficiente pero ha reconocido que es la primera vez desde diciembre -en que el Gobierno presentó su propuesta- que Madrid ha movido ficha. Pero no lo suficiente, sostienen Castells y otros miembros del tripartito, que aseguran que aún hay diferencias que, hoy por hoy, dificultan sobremanera un acuerdo. Ésta es la guía básica para no perderse en la financiación.

¿Por qué hay que cambiar el modelo? Aparte de por cumplir el Estatuto, el sistema de financiación actual, respaldado en 2001 por todas las comunidades autónomas y que entró en vigor en 2002, presenta deficiencias estructurales que lo hace obsoleto. A grandes trazos, no tiene en cuenta la evolución de las necesidades de las comunidades -particularmente de Cataluña, que, como siempre, abandera las reformas-, lo que ha generado dos fallos: el primero es que, debido al aumento de la población, a muchas autonomías no les alcanza para prestar los servicios que son de su competencia (sanidad, educación, servicios sociales), y la segunda es que ha generado una distribución territorial de recursos por habitante desigual, lo que lo convierte en injusto.Las comunidades no tienen el mismo dinero para prestar los mismos servicios a los ciudadanos. Hasta el punto que se da la paradoja de que varias comunidades con menos ingresos tributarios acaban obteniendo más recursos que otras que generan más riqueza, como es el caso de Madrid, Baleares y Cataluña.Con el modelo de financiación vigente, Cataluña siempre ha obtenido más dinero que el año anterior, tanto en términos absolutos como per cápita. Pero menos recursos por habitante que la media (véase el cuadro), pese a ser la tercera comunidad con mayor capacidad fiscal, la tercera más rica. Ahí está la inequidad.Eso es así porque el modelo está mal diseñado: no tiene en cuenta mecanismos de actualización y sí, en cambio, una retahíla de modulaciones y garantías -trajes a medida- que distorsionan los resultados. - ¿Qué quiere Cataluña? Además de tener mayor autonomía financiera, que la conseguirá con una mayor participación en la cesta de impuestos estatales y más capacidad normativa (del 33% al 50% en el IRPF, del 35% al 50% en el IVA y del 40% al 58% en los impuestos especiales) -en este punto no hay desacuerdo-, quiere que se corrija la situación anterior. Quiere más dinero para poder prestar, como mínimo, los mismos servicios que otras comunidades.El Ejecutivo de José Montilla quiere que se replanteen conceptos como "justicia" y "solidaridad" en favor de quienes hacen un mayor esfuerzo fiscal. Es decir, las autonomías más ricas tienen que ser solidarias con las más pobres, pero hasta un punto. El colmo es acabar con menos dinero por habitante. Eso es injusto e insolidario. Quiere trasladar la progresividad fiscal, que nadie cuestiona en la renta personal, a los territorios: nadie pone en duda que las personas con más ingresos paguen más IRPF para que las que tienen menos recursos puedan acceder a los mismos servicios básicos. Pero tras cumplir con Hacienda, el rico sigue teniendo más renta que el pobre.Y para conseguirlo, el Gobierno catalán quiere, y así reza en el Estatuto, que en lugar de nivelar (destinar a solidaridad) todo lo que recauda, sólo se nivele una parte. Propone que esta parte se limite a los servicios básicos del Estado del Bienestar, que entiende que son salud, educación y servicios sociales, y cuyo peso lo estima entre el 65% y el 75%. Es un medio para alcanzar el fin, pero podría haber elegido otro, como limitar la solidaridad al, pongamos, el 90% de todos los recursos, como en Alemania. - ¿Qué ha propuesto el Gobierno? La letra de la propuesta que el entonces vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, presentó a finales de diciembre, cumple a priori con las expectativas de Cataluña: dota de mayor autonomía financiera y corresponsabilidad fiscal a las autonomías (acepta la nueva cesta de impuestos); se compromete a incorporar recursos adicionales para mejorar la financiación de los servicios; garantiza que cualquier ciudadano, independientemente de dónde resida, tenga la misma financiación para los servicios públicos, y reduce las diferencias actualmente existentes en la distribución de los recursos.Para cubrir las necesidades de todas sin que ninguna pierda, plantea cuatro fondos. El más importante será el de garantía de los servicios fundamentales. Su cuantía estará ligada al peso de las competencias en salud, educación y servicios sociales, pero Solbes sólo aclaró que absorberá más del 66% de los recursos totales y que se nutrirá de los impuestos cedidos.La música suena bien para Cataluña. Pero no está claro quién se queda con el resto del dinero: el documento sugiere que las comunidades. Tampoco especifica cómo se financian y si se nivelan o no las competencias no consideradas básicas; ni el efecto final en el modelo de los otros fondos creados expresamente con recursos adicionales.Fuentes del Ministerio de Economía y Hacienda aseguran que Cataluña "no verá alterada su posición de capacidad fiscal". Pero el Gobierno catalán no tiene tan claro que, con esta amalgama de fondos y compensaciones, las comunidades más ricas, tras contribuir a la solidaridad, no salgan peor paradas en recursos per cápita respecto de las que más se benefician de ella, aunque se acorten las distancias. - ¿Cifra o modelo? La Generalitat batalla por las dos cosas, pero principalmente por la segunda: entiende que es como mejor se corrigen las anomalías del sistema actual, especialmente la que hace que Cataluña se quede con menos recursos por habitante para prestar servicios. El Ejecutivo catalán ya ha asumido que el pésimo redactado del Estatuto no permite garantizar que se cumpla el principio de ordinalidad. Esto es, que después de contribuir a la solidaridad, no se altere la posición -el orden- de las comunidades en cuanto a recursos per cápita. En 2006, la recaudación en tributos por habitante era en Cataluña el 21% superior a la media, pero después de nivelar, se quedaba el 5,6% por debajo.Su objetivo hoy es quedarse cuatro o cinco puntos por encima de la media, explican fuentes conocedoras de las negociaciones. ¿Cómo se consigue? que la actualización del incremento de la población, que prevé el Gobierno, no sólo se aplique en el reparto de los recursos adicionales, sino en el montante global. O lo que es lo mismo: que del nuevo dinero que va a poner Zapatero encima de la mesa, Cataluña no se quede con casi el 17% (lo que le tocaría por población), sino con más: el 24% o el 25%. Los números que se desprenden de la cifra publicitada a medias por el Gobierno y la Generalitat (2.000 millones el tercer año de un montante global de 9.000) es el 22%. Otras fuentes aseguran que la cifra mínima para que el tripartito acepte, es de 2.500 millones de euros el primer año, lo que, respetando la proporción anterior, se traduce en un montante de unos 11.000 millones. Y un buen modelo, por supuesto.