El PP se alía con imputados en el 'caso Astapa' contra el alcalde de Estepona

Los ediles del PP del Ayuntamiento de Estepona (Málaga) se unieron ayer a los concejales imputados en el caso Astapa contra la corrupción para aprobar una moción que retire las competencias del equipo de gobierno, dirigido en minoría por el alcalde David Valadez (PSOE). La medida dificulta aún más la gobernabilidad del Consistorio, ya que la Junta de Gobierno perderá la potestad para aprobar proyectos o servicios, ejercer acciones judiciales o solicitar créditos del más del 10% del presupuesto municipal y se suma a la reciente dimisión del edil de Economía y Hacienda, Antonio Sánchez motivada por la "difícil" situación que atraviesa el Consistorio esteponero, con 164 millones de deuda y verdades dificultades para pagar la nómina de sus 1.317 trabajadores municipales.

El alcalde cree que se trata de un intento de dinamitar a su gobierno

Los populares no logran sacar una iniciativa para la disolución

La moción salió adelante en un pleno celebrado ayer con 14 votos de los 25 integrantes de la Corporación. La apoyaron los cinco ediles del PP y los ocho concejales imputados en el caso de corrupción, entre los que se encuentran los dos ediles de la formación posgilista Partido Estepona (PES) que pasaron seis meses en prisión preventiva por el caso Astapa, los cinco concejales expulsados del PSOE y un edil destituido del PA. Votaron en contra los 10 miembros del ejecutivo local -formado por los socialistas, Izquierda Unida, PA y Estepona 2007-.

La propuesta tenía fecha original del pasado 16 de enero de 2009, pero no se presentó hasta ayer con una pequeña corrección hecha a bolígrafo. El regidor ve en este movimiento un nuevo intento del PP y los concejales imputados de "boicotear y dinamitar la acción del gobierno". "Llevaban seis meses trabajando con esta idea y buscando el momento oportuno. No han tenido la cortesía, siquiera de tachar con tippex la fecha", criticó David Valadez.

La moción, presentada por los concejales ex gilistas durante los asuntos urgentes, alude a la necesidad de "transparencia en la gestión municipal" en situaciones como la actual, de "crisis económica coyuntural", e incide en que los grupos municipales de la oposición "ofrecen la más estrecha colaboración" en la gobernabilidad del municipio.

El portavoz del PP, Ignacio Mena, aseguró que "un gobierno en minoría no se puede permitir el privilegio de concentrar competencias del pleno en la Junta de Gobierno" y descartó que la medida suponga un "freno a la gestión municipal". "El tener las competencias delegadas pretende agilizar la labor de la gestión municipal, pero ese privilegio no debe suponer dejar al margen a los miembros que quedan en la oposición", dijo.

El edil del PES, Juan Manuel Rodríguez, recordó que el PSOE ya pidió que se retiraran las competencias a la Junta de Gobierno en 1995, cuando el Grupo Independiente Liberal (GIL) ganó las elecciones municipales con mayoría absoluta. Rodríguez, que no está imputado en el caso de corrupción, formaba parte entonces de este partido.

En la sesión no salió adelante la propuesta del PP de instar al Consejo de Ministros a disolver la Corporación y convocar elecciones, amparada en la situación en la que se encuentra el Consistorio tras el caso Astapa y la reciente dimisión del edil de Hacienda.

El equipo de gobierno dio cuenta al pleno de la personación del Consistorio como acusación en el caso por corrupción municipal. El decreto de alcaldía, firmado el 28 de mayo, justifica esta decisión en que la investigación se ha centrado "en una amplia relación de hechos protagonizados por autoridades y funcionarios públicos de este Ayuntamiento" que han podido defraudar "los intereses legítimos tanto de esta entidad como en general de los ciudadanos y vecinos".