Campaña de sabotajes contra empresarios del metal en Vigo

"Grupos ultraminoritarios", como los calificó el delegado del Gobierno, Antón Louro, han provocado que el conflicto del metal salte de nuevo la línea roja que separa las protestas pacíficas de los actos violentos. La víctima ayer fue un empresario poco proclive a las demandas sindicales, José Alonso Rodríguez, presidente de Instalectra y miembro de la mesa negociadora del convenio colectivo. Su casa recibió por la noche el impacto de dos artefactos incendiarios que causaron diversos destrozos materiales. Él y su familia se dieron cuenta por la mañana, cuando salían a trabajar. "Yo lo llevo, pero mi mujer se quedó llorando en casa y tendré que explicarle algo a mi hijo de 10 años que ha visto que su casa y su entorno han sido agredidos", aseguró.

No fue el único episodio vandálico: un cajero de Caixa Galicia situado en la carretera provincial de Vigo, enfrente de un colegio, reventó pasadas las dos de la madrugada a causa de un explosivo colocado, según testigos, por dos hombres a cara descubierta. La policía judicial estuvo recogiendo muestras de los restos durante la noche. Lo mismo ocurrió en un concesionario de coches de Nigrán, donde tres vehículos resultaron calcinados tras el impacto de otro artefacto.

Antolín Alcántara, responsable de la CIG y cabeza de las movilizaciones en la calle, separó la protesta de estos hechos en la primera asamblea de trabajadores del día: "No sé si interesadamente o no, se intenta vincular el metal con los daños en la vivienda de algún negociador. No sabemos nada de eso ni tenemos nada que decir", subrayó. El representante de las cinco asociaciones de la patronal, Enrique Mallón, contestó de forma enérgica: "Si lo que quieren es afectar o impedir que se llegue a un acuerdo, que sepan que estas acciones no van a tener ninguna repercusión".

Desde Ourense, y mientras la conselleira de Traballo de la Xunta, Beatriz Pérez Mato, expresaba su temor a un riesgo de "batasunización" de la negociación colectiva, el delegado del Gobierno en Galicia, Antón Louro, negaba cualquier relación de los actos violentos con el conflicto. "No tienen nada que ver con la situación laboral de Vigo".

Louro respaldó el "comportamiento de los sindicatos democráticos", a quienes eximió de cualquier responsabilidad que atribuyó a grupos que actúan "de vez en cuando en Galicia". Tras expresar su condena "enérgica" a la explosión y advertir que las fuerzas de seguridad del Estado están ya trabajando para esclarecer lo sucedido, el delegado del Gobierno advirtió que "quien delinque paga", sin dar más pistas.

La Confederación de Empresarios de Pontevedra sí responsabilizó directamente a los sindicatos de los actos violentos, que denunció ante la CEOE y el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho. Por la mañana y tal y como ocurrió el martes, los concesionarios de coches de la avenida de Madrid, la carretera de Baiona y el alto de Puxeiros en Vigo recibieron la visita de los piquetes para impedir la venta de coches, algo que lograron a juzgar por el escaso público en las zonas comerciales.

En medio de fuertes medidas de seguridad, varios cientos de trabajadores de astilleros se desplazaron por las calles cortando las principales vías de circulación. La última concentración se celebró en la Plaza de la Industria, desde donde partieron para volver al trabajo. Ayer tocaba paro parcial en el sector naval, que congeló su actividad durante sólo cuatro horas. También se produjeron problemas de tráfico en la localidad de Marín, donde unas 150 personas cortaron la PO-11, informó Europa Press.

Por la tarde, las tres centrales sindicales estudiaban "cambiar el paso", de las movilizaciones al comprobar que el modelo seguido hasta ahora está, en palabras de Alcántara, "agotado". Se trata de dar un nuevo impulso al ánimo de los trabajadores, a quienes desde la CIG instan a no desmoralizarse: "No os vamos a decepcionar. Siempre fuimos capaces de aguantar y esto no va a ser distinto".