Benidorm da licencia a un hotel sobre cuya legalidad decidirá el Supremo

El equipo de gobierno de Benidorm, del PP, ha otorgado la licencia ambiental de legalización de la actividad (anteriormente, licencia de apertura) del hotel de la estación de autobuses, una concesión municipal que está pendiente de una sentencia judicial que resuelva si tiene que volver a licitarse. El Tribunal Superior de Justicia anuló parte de la concesión el 23 de octubre de 2007, pero el consistorio acudió en casación al Supremo, que todavía no se ha pronunciado.

La Estación de Autobuses de Benidorm fue adjudicada en marzo de 2003 a una UTE liderada por Enrique Ortiz, que unos meses después pidió la modificación del contrato porque la Dirección General de Transportes de la Generalitat impuso unas condiciones de gestión que, supuestamente, mermaban las previsiones de ingresos del adjudicatario. Así, de los 500 metros de zona comercial, 40 años de explotación y un pequeño hotel para conductores y viajeros en tránsito previstos, Ortiz pasó a 11.000 metros de planta comercial, 70 años de explotación y un hotel de tres estrellas con 75 habitaciones. Estos cambios llegaron a ser investigados por la Fiscalía Anticorrupción, que no encontró indicios de delito, pero el TSJ dictaminó que tales modificados respondían a un nuevo pliego de condiciones y que las condiciones impuestas por la Administración autonómica debieron ser previstas.

El gobierno municipal de Benidorm arguye que solo se ha permitido la apertura de la parte del hotel "legal", pero no de las dos plantas "fuera de la configuración" que se construyeron de más. Sin embargo, todo ello ha sucedido sin que al promotor alicantino se le haya incoado a fecha de hoy expediente sancionador alguno, aunque se le tramitó el de infracción. En el informe del expediente de licencia no figura ninguna alegación jurídica, dado que tampoco consta el inicio de cualquier procedimiento municipal contra Ortiz. Los socialistas acusan al gobierno local de manejarse en un "caos político y técnico".