El Parlamento debatirá que toda la vivienda protegida sea de alquiler

¿Vivienda en propiedad o en alquiler? Si la pregunta se le dirige a un ciudadano vasco, la respuesta, en la mayoría de los casos, será que en propiedad. La realidad es que en la comunidad autónoma cuesta mucho convencer a los ciudadanos que buscan piso de que el alquiler resulta una opción viable. Tal vez por ello, la mayoría de la vivienda de protección oficial (VPO) que promueven el Gobierno y los ayuntamientos aún son en propiedad. La cuestión ha llegado al Parlamento, que debatirá en las próximas semanas si todos los pisos protegidos se deben adjudicar en propiedad o en alquiler. UPyD ha presentado una proposición no de ley en la que insta al Ejecutivo a que todas las promociones sean en régimen de alquiler social. El debate está servido.

El hecho de que la mayoría de la vivienda protegida se entregue en propiedad (o derecho de superficie) causa algunas disfunciones, como la que se conoció la semana pasada: la parlamentaria del PNV Garbiñe Sáez, quien cobra 67.000 euros anuales, ha resultado adjudicataria de una VPO en Amurrio, su localidad natal. Sáez accedió al sorteo con la declaración de la Renta de 2007 (la que le exigían), año en que accedió al Parlamento en sus meses finales y, por tanto, sus ingresos fueron más reducidos.

Situación cambiante

Si la iniciativa de UPyD prospera, al menos obligaría al Gobierno a replantearse la situación actual. A diferencia de lo que ocurre con la propiedad, en el caso del alquiler la Administración revisa anualmente los ingresos de los inquilinos para comprobar si su situación económica ha mejorado. Si es así, se le aumenta de manera proporcional la renta. Para UPyD, el cambio de modelo resulta necesario porque en muchas ocasiones las circunstancias económicas y familiares en que una persona ha accedido a una VPO en propiedad cambian, produciéndose "situaciones de verdadera injusticia social, donde los propietarios han dejado de pertenecer a la parte más débil de la sociedad y son ahora personas con recursos suficientes". Sólo entre 2005 y 2008, el Gobierno vasco adjudicó 22.137 pisos protegidos mediante el sistema de sorteo, la mayoría de ellos en propiedad.

Mientras, el Ejecutivo se ha opuesto a la toma en consideración de una proposición de ley de EB que trata de repescar su proyecto para garantizar a todos los ciudadanos un piso en alquiler. Según el Gobierno, tal ley debe consensuarse primero con todos los agentes implicados.