Toneladas de papel contra la corrupción
Los fiscales antimafia de Málaga reclaman más medios para luchar contra el crimen organizado
A Valentín Bueno le bastan seis palabras para describir su trabajo: "Nuestra vida cotidiana son los papeles". Para desarrollar esta idea, el fiscal, uno de los tres especialistas anticorrupción con los que cuenta la provincia de Málaga, tampoco desperdicia saliva: "La esencia de nuestra actividad consiste en convertir toneladas de papel en un escrito de acusación sólido y coherente".
Los fiscales están acostumbrados a resumir. De hecho, gran parte de su día a día consiste en elaborar índices y extractos para ordenar los datos que se obtienen en las investigaciones. Pese al trasiego masivo de documentos a que le obligan casos como Astapa, sobre corrupción municipal en Estepona, o Arcos, sobre licencias ilegales en Alcaucín, en el despacho de Bueno reina un sorprendente orden.
El fiscal jefe Salinas se quejó de que el trabajo aumentó el 100% en un año
Siete puertas más allá, Juan Carlos López Caballero, delegado en Málaga de la Fiscalía Especial para la Represión de los Delitos Económicos relacionados con la Corrupción (Fiscalía Anticorrupción o antimafia), lucha para mantener la pulcritud en su oficina. Tiene que dar salida a varias cajas de folios sobre un caso de blanqueo, iniciado por una investigación policial, al tiempo que contesta a los recursos contra la ampliación del auto de procesamiento del caso Malaya. Las defensas de los 107 imputados lo recurren todo, y los fiscales lo contestan todo.
"Es un trámite muy engorroso, pero, aunque lo parezca, no es tiempo perdido. Te permite llevar el hilo de todo el procedimiento. Es como cuando un estudiante va a clase todos los días, al final te acaban sonando los temas", afirma López Caballero. Este trabajo concienzudo, sumado a la meticulosidad extrema del actual juez instructor, Óscar Pérez, está eternizando la gran causa contra la corrupción en Marbella.
Málaga acumula una de cada tres actuaciones judiciales que investiga la Fiscalía Anticorrupción en España, y sus responsables están desbordados. El fiscal jefe Antonio Salinas se quejó a finales de abril de la "precariedad de medios ofimáticos" ante un aumento de trabajo "espectacular", del 100% en tan sólo un año.
En la Costa del Sol, después de que dos de los tres fiscales antimafia hayan logrado algo tan esencial para un trabajo basado en la discreción como contar con un despacho individual, las carencias tienen más que ver con los recursos humanos. "Necesitamos personal especializado para ayudarnos a analizar y asumir materias que no forman parte de nuestro acervo profesional y que ahora recaen sobre nosotros", reclama López Caballero.
Su oficina ideal, similar a la que tienen sus compañeros de Madrid, estaría formada por una unidad de policía con conocimientos sobre criminalidad organizada y "adscrita permanentemente a la fiscalía". También harían falta, según él, especialistas de la Agencia Tributaria y de la Intervención General del Estado con conocimientos sobre blanqueo y procedimiento administrativo. En una zona como la Costa del Sol, donde no se sabe si el urbanismo es causa o consecuencia de la corrupción, el equipo con el que sueña contaría con expertos en ordenación territorial.
A falta de una estructura de apoyo, los fiscales sólo pueden contar con la "colaboración desinteresada" pero puntual de los investigadores policiales. "Nunca les podré agradecer lo suficiente su dedicación", afirma López Caballero. La escasez de medios humanos ha perjudicado la actuación de una fiscalía por la que pasa "cualquier operación seria contra el crimen organizado que se plantee a escala europea". "Ha habido quejas por ineficiencia en el modo de contestar comisiones rogatorias
[peticiones oficiales de práctica de diligencias cursadas por autoridades judiciales extranjeras] sobre blanqueo de capitales", admite el fiscal.
Los tres fiscales anticorrupción comparten, junto a otros compañeros, un funcionario auxiliar, lo que les obliga a encargarse de lo que Valentín Bueno califica de "tareas domésticas". Entre estas fastidiosas obligaciones están localizar personalmente a policías y jueces instructores o encargarse ellos mismos de escanear documentos del sumario en los juzgados de instrucción.
Casos como Astapa, con decenas de miles de folios digitalizados, llevan un año bajo secreto de sumario debido, en parte, a esa falta de medios. Los fiscales anticorrupción prácticamente dirigen mano a mano las investigaciones con los jueces instructores, pero ansían la reforma legal que les haga responsables directos de la instrucción.
La Fiscalía Anticorrupción entiende también de asuntos de delincuencia organizada pura y dura. "En Málaga hemos llevado causas muy importantes, como la Operación Nilo
[con la detención de 300 personas por la estafa de la lotería nigeriana], pero tenemos un empacho de asuntos de corrupción que no sabemos si va a seguir y por cuánto tiempo. Eso nos está impidiendo asumir temas de crimen organizado de redes internacionales", constata López Caballero.
Además de leer documentos y elaborar resúmenes, los fiscales pasan muchas horas en la carretera. Durante los primeros seis meses de la Operación Astapa, iniciada en junio de 2008, Bueno iba dos veces por semana a Estepona, a 90 kilómetros de Málaga, para asistir a tomas de declaración de imputados. La delegación de Málaga tiene por costumbre asistir a todos los interrogatorios y sus miembros tratan de "ser intercambiables en los procesos" que llevan. "No estamos acostumbrados a trabajar en equipo y eso supone un cambio de mentalidad, pero los macrosumarios necesitan afrontarse desde otro punto de vista", señala López Caballero.
También compatibilizan la investigación con la actividad más gratificante para un fiscal: la defensa de sus tesis en la sala de juicio: "Es bueno seguir entrando en los juicios para no perder el contacto con la realidad", afirma Bueno.
Situación precaria
- Málaga acumula una de cada tres actuaciones judiciales que investiga la Fiscalía Anticorrupción en España.
- Casos como Astapa, con decenas de miles de folios digitalizados, llevan un año bajo secreto de sumario debido, en parte, a la falta de medios.
- Los fiscales anticorrupción deben ocuparse personalmente de localizar a policías y jueces instructores o encargarse ellos mismos de escanear documentos en los juzgados de instrucción.
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