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Editorial:

Corrupción y política

La imparable andadura del 'caso Gürtel' exige del PP decisiones sobre sus militantes aforados

Apenas una semana después de las elecciones europeas, el Partido Popular vuelve a enfrentarse a los problemas de corrupción. La fiscalía ha solicitado el traslado del sumario Gürtel desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid al Supremo, al entender que son relevantes los nuevos indicios contra el tesorero del partido y senador por Cantabria Luis Bárcenas. Y el juez instructor ha corroborado la posición de la fiscalía, desbaratando la estrategia seguida por los populares.

La trama de corrupción que empezó investigando la Audiencia Nacional no era un ataque político, como se aseguró desde la dirección del PP. Ni tampoco cabe achacar a la fiscalía y al Tribunal Superior de Madrid un comportamiento dictado por intereses espurios, como hizo Federico Trillo esta misma semana. Jueces y fiscales han cumplido escrupulosamente su función adoptando decisiones según se conocían nuevos datos relacionados con la trama, y sólo el PP parece empeñado en olvidar que ganar elecciones y responder por presuntos delitos son cosas diferentes.

El desarrollo de la campaña de las elecciones europeas sirvió, sin duda, para propagar una cortina de humo que ha disipado la remisión de la instrucción al Supremo, prevista para mañana. El PP no dejó de insinuar que una victoria equivaldría a una absolución, una falacia reiterada abiertamente por el presidente valenciano Francisco Camps. Y el partido socialista abundó de manera indirecta en ese error al plantear el grueso de su campaña como un plebiscito sobre los casos de corrupción que afectan a los populares, en lugar de exponer sus propuestas para Europa.

El debate político no puede continuar secuestrado por un simple juego de acusaciones cruzadas entre partidos. La dirección de los populares no puede seguir concediéndose nuevos plazos para adoptar decisiones en relación con sus militantes investigados por la justicia. Y el partido socialista, por su parte, reincidiría en el error que cometió en las elecciones europeas si considera que la denuncia de los casos de corrupción en el PP le exime de formular propuestas políticas. Según se ha demostrado, la corrupción no tiene coste electoral. Pero los partidos no pueden abordar este hecho como si fuera un dato estadístico, sino como una grave deficiencia que tarde o temprano pasará factura al sistema democrático.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 14 de junio de 2009