El Ayuntamiento tira sin permiso las casas del 'clan de los yugoslavos'

El Ayuntamiento derribó ayer a las nueve de la mañana cuatro fincas en el sector III de la Cañada Real Merina, una vía pecuaria con varios cientos de construcciones ilegales.

Los cuatro derribos son supuestamente ilícitos y sin autorización judicial porque algunas de las fincas demolidas están en procesos judiciales abiertos. Pero lo más curioso es que los cuatro inmuebles coinciden con los últimos domicilios de la mayor banda de ladrones de casas de Madrid, la banda de los yugoslavos.

Este nutrido grupo de delincuentes -42 personas- que entraban en los domicilios con el método del resbalón (deslizar un plástico rígido por la cerradura para abrir la puerta) y están acusados de cientos de robos con fuerza, vivieron hasta el 1 de junio en las viviendas derruidas y en sus alrededores, donde habían instalado varias autocaravanas enormes.

Los inmuebles, en la Cañada, fueron derribados sin la orden de un juez

Allí habían excavado zulos bajo la tierra donde escondían sus botines, kilos de joyas, sobre todo de oro, que enterraban en bolsas de basura. Pero no eran sus propietarios. Sus legítimos dueños son gente como Irene Calderas, de 27 años, que asegura que es ella la que pasaba sus días en esa "chabola" con su marido y sus dos hijos, de tres años y escasos meses. Irene aporta documentos. Muestra un certificado de empadronamiento que incluye a sus criaturas: "Las metía el Ayuntamiento de oficio cada vez que nacía una".

Con ese documento le basta para asegurarse que su vivienda no se puede tildar de vacía que es lo que arguye el consistorio madrileño para hacerla desaparecer. Esto lo afirma el abogado de la familia, Roberto Alonso, que muestra los legajos que demuestran que esa finca, la 36, está inmersa en un proceso judicial aún inacabado. "Urbanismo no es nadie para decidir si está habitada la casa o no", insiste el letrado, que apunta al futuro desarrollo urbanístico de Los Ahijones como la verdadera causa de los derribos. En total, en ese tramo, se han realizado 138 derribos en el último año natural.

Pero desde la Concejalía de Urbanismo, una de sus responsables tiene otra explicación. "La policía vigila estos sitios y se cerciora con sus informes de que están vacías", explica. En este caso, comenta, supieron rápidamente que se habían quedado sin inquilinos porque todos ellos fueron detenidos y enviados a prisión el pasado 1 de junio. De hecho, todos ellos, sin excepción, siguen en prisión.

"Nadie puede pensar realmente que esa gente estaba dentro de las casas", replica Alonso, que a modo de explicación exclama: "¡Todos sabemos cómo es la Cañada, la gente llega allí con sus caravanas, se instala, y ya está!". Irene asegura que lleva viviendo allí desde 2002 y que ayer por la mañana, cuando llegaron sin previo aviso y sin orden judicial a dejarles sin casa, estaba "preparando a los niños para ir a la guardería".

Ni ella ni su marido trabajan, "por la crisis". Aseguran que se han quedado en la calle y han optado por irse a vivir a casa de los padres de ella, que también está en ese tramo de la vía pecuaria. Irene asegura que a su padre, ya mayor, le ha dado un fuerte ataque de ansiedad al conocer la noticia.

Además, en el desalojo, la presidenta de la Asociación de Vecinos de esa zona de la Cañada asegura que fue agredida por un policía municipal. Aporta un informe médico en la que figura que padece "dolor en el hombro derecho tras sufrir tracción brusca".