Proporcionalidad

Las últimas celebraciones futbolísticas eran una fiesta colectiva, cívica y pacífica. Produce una especial tristeza que la alegría de acontecimientos como esos acabe con violencia, deterioros, juzgados y hospitales. Convertir lo festivo en conflictivo es odioso, perturbador y peligroso. Transformar las celebraciones multitudinarias callejeras en altercados, tumultos o disturbios provoca desconcierto, inhibición y temor. El alboroto gratuito es incivil y reaccionario. La edad de los jóvenes protagonistas de los incidentes ni les justifica ni les disculpa.

No siempre es fácil prever y prevenir esos comportamientos inciviles. Y no siempre hay fórmulas para canalizar, desviar o disuadir los desbordamientos de una "violencia lúdica", frecuentemente etílica, que nuestra acomodada sociedad no ha sabido o querido contener. Frente a ella, desgraciadamente, con frecuencia, es imprescindible el uso de la violencia institucional, policial.

Ninguna fuerza física es justificable si no es imprescindible. Cabe exigir un cálculo de los efectos de la violencia institucional

Cuando no había democracia estas cosas no pasaban. Los incidentes de orden público se producían solamente a causa del ejercicio del derecho de manifestación, que la dictadura reprimía. En los peores viejos tiempos la intervención policial y de la Guardia Civil se producía con el equipo y armamento "de reglamento", mosquetón Mauser incluido. En alguna ocasión había heridos y muertos por arma de fuego, y las autoridades siempre decían que se había disparado al aire, sólo para intimidar. Decíamos, con un humor auténticamente negro, que los manifestantes volaban. Además de brutal, injusto e impune, aquel comportamiento dictatorial era desproporcionado.

Aquello se acabó. Los incidentes de ahora no tienen nada que ver con los de entonces. Tenemos autoridades democráticas que prevén y controlan los eventuales posibles excesos. Ya no hay mosquetones Mauser, sino un armamento y equipamiento antidisturbios de menor lesividad potencial. Ya no hay impunidad.

Hoy el uso de la violencia institucional, la fuerza física policial, para enfrentar los incidentes provocados por la violencia lúdica desbordada, se decide con responsabilidad y se efectúa con prudencia. Pero, desgraciadamente, no siempre con acierto. A veces las consecuencias lesivas de la violencia institucional pueden llegar a ser desmesuradas, los resultados de la fuerza física policial pueden resultar no sólo desafortunados, sino desproporcionados.

La proporcionalidad, en nuestra actual convivencia democrática, debe ajustarse a unos parámetros clásicos que regulan el equilibrio entre lo que se defiende mediante la violencia institucional y lo que se lesiona por el uso de esa violencia. A veces, los criterios jurídicos con que cabe realizar la medición son claros. El mal causado por la fuerza policial no debe ser mayor que el que se trata de evitar. Frente a la agresión ilegítima de los alborotadores debe calcularse la necesidad racional de los medios empleados para impedirla o repelerla. Cuando el peligro de la agresión amenace a una propiedad, es necesario que éste se encuentre en riesgo inminente de pérdida o deterioro grave. Éstas son, más o menos, las reglas legales clásicas que miden la proporcionalidad en el uso lícito de la violencia.

A veces, sin embargo, la medición de la proporcionalidad no es tan sencilla. Por ejemplo, no sería fácil decidir cuánta podría ser la lesión derivada de la fuerza física policial que fuera proporcional a una perturbación del orden público, o a la normalidad del tráfico rodado urbano. Conceptos como, por una parte, orden público, normalidad circulatoria, integridad de mobiliario urbano, silencio y descanso nocturno, y por otra parte integridad física del alborotador son conceptos tan distintos que no se pueden comparar cuantitativamente, no se pueden meter en un mismo cesto. No se pueden mezclar huevos con castañas.

La medida de la proporcionalidad debe realizarse a partir del presupuesto de la suficiencia. Ninguna fuerza física será justificable si no es imprescindible. Y los efectos de la violencia institucional, legítima, requieren un cálculo de sus consecuencias. La ausencia de ese cálculo, o su manifiesta insuficiencia, pueden desdibujar la legitimidad inicial de la fuerza física institucional.

Ciertamente vivimos en la sociedad del riesgo. Los ciudadanos que concurren a celebraciones multitudinarias asumen riesgos previsibles, del mismo modo que los que circulamos por las autopistas. Sin embargo, los efectos de una actuación institucional violenta, con consecuencias no sólo desafortunadas sino, además, desproporcionadas, exceden con creces al marco de peligrosidad que comporta nuestra sociedad del riesgo, con independencia de que esos efectos desproporcionados los sufran los desencadenantes de la violencia lúdica o uno que pasaba por allí.

José María Mena fue fiscal jefe de Cataluña.