Flores detiene unas obras que ampara García Antón

Mario Flores, consejero de Infraestructuras, ordenó parar las obras que ejecuta el constructor Bautista Soler en la franja más próxima al mar en la playa de la Patacona, los primeros mil metros del término municipal de Alboraia a partir del linde con Valencia, a partir de un requerimiento de la Demarcación de Costas de Valencia, que depende del Ministerio de Medio Ambiente. José Ramón García Antón, consejero de Medio Ambiente, sin embargo, mantiene que el suelo que promueve Bautista Soler ya era urbano cuando se aprobó la Ley de Costas en 1988 y, por lo tanto, no estaría sujeto a servidumbres.

Flores, en una respuesta por escrito a preguntas formuladas por Mireia Mollà, diputada de Compromís, asegura haber pedido a los promotores y al Ayuntamiento de Alboraia la "suspensión de las obras" hasta aclarar si se desarrollan o no sobre suelo de la franja marítimo terrestre y sujeto a servidumbre.

Mollà aprecia una "cadena de errores" que beneficia a Bautista Soler

El Plan General de Ordenación Urbana de Alboraia se aprobó en 1991, tres años después de la Ley de Costas, y la consideración del suelo cuando se aprobó la Ley de Costas dependía de un plan de 1966 que no clasificaba parcelas, sino usos por zonas.

El consejero de Infraestructuras dice haber mantenido "diversos contactos" con la Demarcación de Costas de Valencia para aclarar el asunto en una respuesta fechada en febrero pasado. "Se ha solicitado el replanteamiento actualizado de todas y cada una de las construcciones en la zona de servidumbre", explica Flores, "a la vista del resultado se actuará en consecuencia". También apunta que "la obligación de restituir la legalidad en caso de infracción no está sujeta a término de prescripción".

García Antón, sin embargo, no tiene dudas. "La clasificación del suelo limítrofe con el mar cuando entró en vigor la Ley de Costas era de suelo urbano", explica en otra respuesta por escrito a preguntas de Mollà, firmada también en febrero pasado.

El consejero de Medio Ambiente alega que la ley del suelo de 1956 establecía que "los terrenos consolidados por la edificación o dotados de una serie de servicios" debían calificarse como urbanos.

Mollà, por su parte, alerta sobre una sorprendente "cadena de errores" administrativos que beneficia en última instancia a Bautista Soler.