El último delegado del PP en la Zona Franca encubrió la malversación

Miguel Osuna aún tiene apoyos en el PP. Todavía consideran que en su etapa de delegado del Estado de la Zona Franca de Cádiz, desde 2001 a 2004, realizó un esfuerzo ímprobo por arreglar y perseguir las presuntas irregularidades dejadas por su antecesor, Manuel Rodríguez de Castro, de quien sus entonces compañeros de partido ahora reniegan. Pero la Abogacía del Estado no lo ve tan claro. En su informe entregado al Tribunal de Cuentas desvela que Osuna pudo haber evitado la malversación que le costó al organismo público 4,2 millones de euros pero no lo hizo. "Su contribución a encubrir las irregularidades es clara y, en su día, impidió recuperar el dinero", reza el documento.

Miguel Osuna accedió al cargo tras la dimisión de Manuel Rodríguez de Castro en 2001, quien dejó un reguero de escándalos y proyectos a medio acabar, entre ellos, el portal informático Rilco. Según el relato de la Abogacía del Estado, Rodríguez de Castro contrató a la empresa Miami Free Zone para montar una red de comercio internacional, que nunca llegó a funcionar ni a aclarar el objeto de su adjudicación. Después, esta empresa subcontrató los servicios de otra con sede en Panamá, Duater Corporation, que en 2003 ingresó, al menos, 215.000 euros en cuentas de empresas de Rodríguez de Castro y personas de su entorno.

La Abogacía le responsabiliza de impedir que se recuperara el dinero

Según la Abogacía del Estado, Osuna conoció las anomalías del proyecto pero aún así autorizó el último pago que recibió Miami Free Zone el 27 de abril de 2001 por importe de 2.832.334,63 euros. "Las evidencias de que los fondos se liberaron de forma, como mínimo, indebida son notables", dice el informe. En sus declaraciones a la prensa, cuando ya abandonó el cargo en 2004 y las irregularidades de Rilco eran públicas, Osuna llegó a calificar el proyecto como una "locura" por la que Rodríguez de Castro debía responder penalmente. ¿Por qué continuó entonces los pagos? Entonces culpó a los abogados del Estado. "Cuando vi el contrato con Miami Free Zone y su contenido, pedí un informe a la Abogacía del Estado por si se podía anular. Me dijeron que no porque el único requisito de la ley de contratos del Estado era la publicidad y la concurrencia. Si no lo cumplíamos, nos podían demandar".

Estas declaraciones están recogidas en el informe de la Abogacía del Estado, que acusa a Miguel Osuna de mentir. "Jamás solicitó un informe y nunca le dio traslado de la documentación que obraba en su poder". Además tacha la supuesta respuesta que le dieron los abogados del Estado como absurda: "Un contrato de cualquier naturaleza se puede romper si hay incumplimiento de una de las partes".

La Abogacía del Estado recuerda que, "ante la evidencia de la falsedad de sus afirmaciones", Osuna cambió de discurso en sus declaraciones en el juzgado que sigue la instrucción penal del caso, el 4 de Cádiz, donde dejó de criticar Rilco y sostuvo que las empresas contratadas para levantar este portal, Telvent y Miami Free Zone, cumplieron su objetivo. Entregaron material informático y conocimiento de comercio exterior, aunque para la Abogacía del Estado esta ejecución "nada tiene que ver con el objeto del contrato por el que había recibido subvenciones". Consta que Osuna exigió a estas compañías que entregaran material y pagaran viajes a Miami que corroboraran las cantidades recibidas pero la Abogacía del Estado lo ve más como un intento de salvar su papel. "Se conformó con que esta empresa aparentara su participación en el proyecto e indemnizara a través del pago de convenciones, reuniones o viajes".

El PP volvió ayer a defender la gestión de Miguel Osuna. "Él fue quien desveló todo e inició los procesos penales", aseguró el presidente provincial, José Loaiza, quien no dudó en poner en duda el trabajo de la Abogacía del Estado. "Es extraño que los abogados que estaban con Rodríguez de Castro sean ahora los que emitan este informe en contra".