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La Xunta retrasa la depuradora de Vigo por problemas financieros

La estación debe funcionar en 2011 para evitar la millonaria multa de la UE

Otro proyecto en peligro por falta de fondos. La Consellería de Medio Ambiente reconoció ayer que la nueva depuradora de Vigo está paralizada, debido al rechazo que genera en los nuevos inquilinos del Gobierno gallego el borrador de convenio para su financiación. El departamento que dirige Agustín Hernández considera "inasumibles" las condiciones pactadas, y sostiene que su aceptación "pondría en riesgo" otras actuaciones en Galicia en materia de saneamiento "también estratégicas".

La Xunta quiere negociar con la Administración central otro borrador de financiación. Pero el nuevo período que abre con esta decisión aproxima a Galicia a la multa de al menos 20 millones de euros por contaminación que le impondrá la Unión Europea, en el caso de que en 2011 no entre en funcionamiento la nueva estación.

"La Xunta se encuentra con un serio problema financiero en relación con la depuradora de Vigo", argumenta el departamento de Hernández. Ministerio y ayuntamiento, mientras, están a la espera del Gobierno gallego para que dé su visto bueno al convenio y poder licitar las obras. El plan previsto por las administraciones para evitar la multa pasa por licitar antes del verano y empezar las obras en 2009.La Consellería de Medio Ambiente acusa al anterior conselleiro, el socialista Manuel Vázquez, de dejar "sólo cinco millones de euros" en los Presupuestos de 2009 para la depuradora de Vigo. Sin embargo, el borrador del convenio sólo le obliga a pagar 401.000 euros en el presente ejercicio. En 2010, la cantidad se elevaría a 8,2 millones, para incrementarse progresivamente hasta completar 115 millones de euros entre 2009 y 2014.

Todo esto, según las cifras del convenio facilitadas ayer por la consellería, que difieren de las presentadas en diciembre de 2008 por la ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa, cuando presentó en Vigo el proyecto seleccionado para la depuradora. Espinosa anunció entonces que el ministerio aportaría 112 millones de euros (el 55% de los fondos), la Xunta 73 millones (35%) y el ayuntamiento otros 18 (10%) y los terrenos. Según el departamento de Hernández, la Xunta pagaría 115 millones de euros (48,40%), el ministerio 104 (43,66%) y el ayuntamiento 18,19 (7,94%). La consellería sostiene que "la normativa vigente" de Augas de Galicia le impone un límite 43 millones de inversión hasta 2013, dadas "las limitaciones presupuestarias heredadas del anterior Gobierno".

La Xunta, que "quiere dejar clara la necesidad de realizar esta actuación", se ha puesto en contacto con la sociedad estatal Acuanorte, de la que depende el proyecto, para comunicarle que quiere renegociar el borrador. Con dos premisas: rebajar la cantidad global que le corresponde a la Administración autonómica, por un lado, y por el otro extender la financiación hasta más allá de 2014.

La renegociación, en todo caso, puede abocar a Galicia a hacer frente a la multa de la Unión Europea por la contaminación en la ría de Vigo, que se aplazó en diciembre 2007 gracias a un plan de obras de la Xunta que obligaba a tener en funcionamiento la depuradora en 2011. El plan preveía la licitación de las obras en 2008 y la construcción de la planta en 2009. La multa prevista era de 20 millones de euros, aunque la reincidencia podría elevar esa cantidad.

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