Los promotores no deben planificar el territorio, según un juez del TSJ

Edilberto Narbón, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, ofreció ayer en un curso sobre estrategia territorial -organizado por los arquitectos-urbanistas valencianos- algunas recetas fáciles para que el urbanismo valenciano deje de estrellarse contra la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. "Los problemas [con la LUV] vienen de la simultaneidad de planificación y gestión. Con la separación, y algunos pequeños retoques de la ley, pueden todos los obstáculos". En la práctica, añadió el magistrado, supondrá la desaparición de la "compleja y poco aceptada" figura del empresario constructor. La planificación urbanística y las reclasificaciones de suelo deben ser gestionadas por los Ayuntamientos o entes públicos. Narbón citó como ejemplo a seguir la gestión de la empresa Tragsa, sobre la que se ha pronunciado el Tribunal de Justicia europeo.

"O controlamos la legalidad o se nos va todo al garete", dice el magistrado

Gobierno y Consell se han "picado políticamente" por los informes hídricos

En poco más de una hora, el magistrado -por cuya sala pasan decenas de litigios urbanísticos- repartió las responsabilidades entre todas las administraciones públicas por el galimatías urbanístico valenciano creado en los últimos años. Incluso ejerció la autocrítica, cuando reconoció que el poder judicial también ha complicado la ordenación del territorio con algunas sentencias.

"Existen cerca de 200 legislaciones sectoriales con las que trabajamos habitualmente. Si además están cambiando cada dos o tres años, trabajar se vuelve imposible", se quejó el magistrado, quien reconoció que la sala de lo Contencioso está fallando con un retraso de dos años. Alguna sentencia reciente del Tribunal Supremo ha creado además, según Narbón, "un problema gordísimo" a los tribunales de lo contencioso. "O controlamos la legalidad o se nos va todo al garete", subrayó.

Los Ayuntamientos tampoco salieron muy bien parados. "Estamos anulando muchas ordenanzas municipales porque no pueden fijar criterios técnicos y aún así lo hacen", precisó. Y citó el ejemplo de la ordenanza municipal de placas solares de Valencia, que la sala cuestionó porque estableció "el modelo y tipo de placa" que se podían instalar o no en los edificios. Lo mismo ha sucedido con las ordenanzas sobre telefonía móvil. "Son los Ayuntamientos los que tienen que adaptarse a la ley de telecomunicaciones y no al revés", imprecó.

El magistrado no se paró ahí. Le llegó el turno a la Administración central, cuando entró de lleno en la polémica que enfrenta al Gobierno español con la Generalitat a cuenta de los informes de las confederaciones hidrográficas sobre el abastecimiento de agua a las nuevas urbanizaciones. La sala de lo Contencioso del TSJ tiene en cola en estos momentos 180 recursos resultado del pulso entre las dos administraciones. "Se han picado políticamente y nosotros estamos en medio", subrayó Narbón. Desde el punto de vista legal, el magistrado aclaró que el informe de las confederaciones es preceptivo (obligado), pero no es vinculante porque una competencia transversal del Estado no puede afectar a las competencias autonómicas sobre urbanismo.

Acto seguido, el presidente de la sala del TSJ reconoció que hasta la fecha no ha visto ningún informe ni de uno ni de otro lado justificado como exige la ley. "Les hemos recomendado a ambos que se pongan de acuerdo" sobre los contenidos de estos informes hídricos.

El magistrado abrió por último un debate de mayor calado en torno al coste social de los grandes proyectos urbanísticos conocidos durante el boom. No se puede coger un municipio y dividir la población en ocho o nueve planes parciales. Las nuevas construcciones deben demostrar su viabilidad económica y sobre todo su coste para la población. Los consistorios, razonó Narbón, han financiado durante los años de vacas gordas hasta el 40% de su gasto gracias a los PAI (Programas de Actuación Integrada). "Ahora que no hay PAI, están subiendo los impuestos y ya está", criticó el magistrado. En un futuro, una de las cosas que deberán tener en cuenta las leyes valencianas son los costes de estos desarrollos, "¿cuántos son?, ¿si son asumibles o no? y ¿quién los va a pagar?", concluyó.