La justicia gratuita crece un 30% por la crisis

La crisis económica está provocando un aumento espectacular de la demanda de asistencia jurídica gratuita. Sólo en lo que va de año ha crecido un 30% la factura que los abogados andaluces han presentado a la Junta de Andalucía como consecuencia del turno de oficio y la asistencia a detenidos y víctimas. Los despidos y procedimientos concursales, por un lado, y el aumento de los detenidos por infracciones penales asociadas a los llamados delitos de supervivencia, por otro, están detrás de esta escalada que está saturando el trabajo de los 7.000 letrados que prestan servicio de justicia gratuita en la comunidad.

El Gobierno andaluz destinó el año pasado 33 millones de euros a pagar el derecho a la asistencia jurídica gratuita a casi 125.000 personas, unas cifras que se van a disparar este ejercicio. "Las Salas de lo Contencioso y los Juzgados de lo Mercantil son los órganos más saturados", señala José María Rosales, presidente del Consejo Andaluz del Colegio de Abogados de Andalucía, que ya ha trasladado el problema a la consejera de Justicia y Administración Pública, Begoña Álvarez.

En 2008, la Junta destinó 33 millones a pagar el derecho de asistencia jurídica

Para los abogados andaluces, la sobrecarga de trabajo no se corresponde con un aumento de sus retribuciones, de 89 euros en la asistencia al detenido y de 138 euros en una guardia en el turno de oficio, cifra que pueden duplicar si presta más de seis asistencias. Esta es una de las razones por las que el Consejo Andaluz de Colegios de Abogados ha recurrido el último reglamento autonómico de asistencia jurídica gratuita. "No estamos de acuerdo con la baremación económica que hace la Junta, pero sobre todo pedimos la dignificación de nuestra función y un reconocimiento del trabajo que realizamos", subraya Rosales, que también es decano del Colegio de Abogados de Granada. El nuevo Reglamento de Justicia Gratuita dispone la existencia de turnos de oficio especializados para colectivos como inmigrantes, menores y mujeres víctimas de violencia.

El aumento de la carga de trabajo ha motivado que, en provincias como Jaén, en los últimos años hayan abandonado el turno de oficio más de 200 letrados. "Estamos superados", admite Antonio Cabezas, responsable del turno de oficio en el Colegio de Abogados de Jaén, que ha alertado en un informe de la situación de "desbordamiento". En esta provincia, en el primer trimestre del año se tramitaron 3.100 expedientes de justicia gratuita, frente a los 5.035 de todo el año pasado. Además, en el mismo periodo, se han prestado más de 3.500 asistencias a detenidos, presos o imputados no detenidos desde el turno de oficio frente a las 2.600 del mismo periodo del año pasado.

En los primeros meses del año, el número de detenidos en Jaén se ha incrementado un 35%, en su mayor parte por infracciones vinculados a hurtos. En toda Andalucía, la Delegación del Gobierno sólo maneja los datos del último año, según los cuales la tasa de criminalidad de la comunidad era de 52,1 delitos por cada 1.000 habitantes, de los que el 61% se cometió en la provincia de Málaga. Jaén, en cambio, estaba a la cola, con cerca de 30 delitos por millar de habitantes.

La situación es también complicada en las provincias del litoral, en este caso a consecuencia de la llegada de inmigrantes en pateras. Para prevenir las situaciones de colapso que generan las llegadas masivas de inmigrantes, el Colegio de Abogados de Granada ha creado un grupo de apoyo semanal con ocho abogados más.

La medida contempla la designación de un abogado de oficio que estará de guardia las 24 horas para atender específicamente a los inmigrantes. Este letrado podrá asistir jurídicamente a un máximo de 12 personas en su turno, encargándose de todos los pasos que conlleva una situación de este tipo, como la asistencia al detenido en la propia Comisaría y en el juzgado de guardia e interposición de cuantos recursos sean necesarios. De este modo, entre todos podrán asistir a 108 personas diarias. Sin embargo, los letrados de Motril se han quejado de la "descoordinación administrativa" que ha producido esta medida, puesto que la Policía desconoce esa limitación en el número de asistencias prestadas.

Málaga fue el año pasado la provincia con un mayor número de personas sin recursos económicos (27.913) que utilizaron los servicios de justicia gratuita, seguida de Sevilla (25.997), Cádiz (23.126), Granada (14.443), Almería (10.971), Córdoba (10.484), Huelva (6772) y Jaén (5.035). La Consejería de Justicia defiende el incremento de los fondos para la justicia gratuita en los últimos años, al pasar de seis millones de 1997 a 33 millones en 2008.