'Cacería' de nigerianos
Cientos de africanos son deportados bajo sospecha de participar en estafas que no llegan a juicio. La operación policial es parte del combate mundial contra estas redes impulsado por el FBI
Me tuvieron preso dos meses y nueve días en la cárcel de León. Luego me dejaron libre. Me citaron para que fuese al juzgado para depositar el pasaporte porque dijeron que así quedaba asegurado que yo no huiría de España y que asistiría al juicio que habrá en su día. Entregué el pasaporte y salí a la calle. Nada más despedirme de mi abogado en la plaza de Castilla llegaron unos policías y me detuvieron". El nigeriano Sylvester Ekhosuehi, de 35 años, es uno de los últimos detenidos bajo la acusación de formar una descomunal red dedicada a cometer estafas con el método de las cartas nigerianas.
La argucia defraudatoria consiste en el envío de miles de cartas a personas residentes en el extranjero en las que se les notifica que han sido agraciados con un premio que suele oscilar entre 600.000 y 800.000 euros. Para dar credibilidad al embuste, el escrito lleva sellos y anagramas de Loterías del Estado y del Ministerio de Economía. Por increíble que parezca, hay un cúmulo de pringaos en todo el mundo que muerden el anzuelo. El engaño se consuma cuando estas personas inician las gestiones para cobrar el supuesto premio y, para lograrlo, aceptan pagar previamente grandes sumas de dinero en concepto de impuestos, tasas y gastos bancarios. Ahí está el truco. Ése es el dinero que los estafadores se embolsan limpiamente... a cambio de nada. A cambio de unas llamadas telefónicas y algún correo electrónico para acabar de convencer a la víctima.
Los abogados se quejan de que los agentes, avisados por la Fiscalía, detengan a sospechosos a las puertas del juzgado
La policía española ha detenido en los últimos cinco años a centenares -tal vez miles- de presuntos estafadores mediante redadas permanentes. Una de las más conocidas es la Operación Nilo, desarrollada a partir de 2003 en Madrid y otras provincias más a lo largo de varias fases en el tiempo.
En marzo de 2007, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) emprendió una nueva operación que se ha saldado por ahora con el arresto de cerca de 300 presuntos implicados en este tipo de estafas. Casi todos los arrestados son nigerianos.
Uno de los últimos detenidos en esta macrorredada ha sido Sylvester Ekhouehi, domiciliado en Fuenlabrada (Madrid), en donde regenta un locutorio y una tienda. "Entraron unos policías en el locutorio. Nos obligaron a mí y a unos doce clientes a dejar en el suelo todo lo que lleváramos encima. Yo les advertí de que en mi tienda había un móvil que había dejado un cliente para que se lo liberase". Después, una juez de Madrid dejó en libertad a todos, excepto a Sylvester, que fue enviado a una cárcel de León.
Al ser excarcelado, la juez citó a Sylvester para que compareciera el pasado 3 de abril, junto con otros 11 nigerianos, y entregara su pasaporte. Tres días antes de esa fecha, la fiscal anticorrupción Pilar Melero envió a la Comisaría General de Extranjería un escrito alertando de que Sylvester y sus compatriotas irían al juzgado. "Lo que comunico por si resulta de aplicación a esos ciudadanos extranjeros, y a los efectos oportunos, los artículos 53, 54, 57 y 62 de la Ley de Extranjería, atendiendo a la existencia de este procedimiento penal contra ellos por delitos de falsedad, estafa y asociación ilícita", explicaba la fiscal. El abstruso lenguaje jurídico ocultaba algo tan sencillo como que todas esas personas podían ser detenidas y deportadas por poner en peligro "la seguridad exterior del Estado o perjudicar las relaciones de España con otros países" (artículo 54.1 de la Ley de Extranjería).
En efecto, Sylvester fue capturado el pasado día 3 en la plaza de Castilla por la policía, que entonces ya tenía una plaza reservada en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) para retenerlo allí mientras tramitaba su deportación a Nigeria. Luis Aguado Arroyo, abogado del nigeriano, impidió su deportación al lograr que la juez de instrucción número 45 denegase el internamiento de Sylvester en el CIE tras comprobar que "carece de antecedentes penales, tiene domicilio, arraigo personal y laboral y está dado de alta como empresario en la Seguridad Social".
"Yo no soy un delincuente", proclama Sylvester, mientras muestra el ajado cartel pegado en las paredes de su locutorio-cibercafé: "En cualquier caso sospechoso en materia de actividades delictivas de estafa se llamará a la policía". Un cartel que casa mal en un local a cuyo dueño la policía acusa de estafador. Algo no encaja en esta historia.
Una peripecia similar ha vivido Monday Emiator, nigeriano, de 31 años, con permiso de residencia permanente en España, perceptor del paro, que fue detenido en un piso de Parla (Madrid) compartido con otros compatriotas. Fue encarcelado. El 19 de mayo pasado, al quedar libre, fue al juzgado a depositar su pasaporte, y a la salida fue cazado por la policía ante su abogada, Amparo Banqueri. Pero ésta presentó recurso y logró frenar, por ahora, la deportación.
"El juzgado debería haberme notificado previamente que Monday iba a ser detenido a la salida para incoársele procedimiento de expulsión. Yo creo que este caso y otros similares suponen una indefensión", se queja Banqueri. "Esto es una expulsión masiva encubierta", dice la letrada, que afirma que "no son correctas las formas" con que se está haciendo. "¿Por qué se envía a prisión a estas personas so pretexto de asegurar su presencia en España si unos meses después van a ser expulsadas?", añade.
"Obedecemos instrucciones de la Fiscalía Anticorrupción para acabar con un grupo grande que ha estafado a muchos norteamericanos", revela una inspectora de la Brigada de Extranjería de Madrid que ha tramitado en los últimos meses al menos 60 deportaciones. La misma policía admite que arrestan a muchos sospechosos a las puertas de los juzgados porque no viven donde dicen que viven, sino "en pisos-patera". Pregunta: ¿y todos los detenidos son estafadores? "Seguro. Nosotros no actuamos a la ligera", proclama la inspectora. Sin embargo, las expulsiones las decretan los delegados del Gobierno, no los jueces, que en ningún momento les han declarado culpables.
Las cartas nigerianas son "una epidemia mundial", según un experto de la policía. Y el FBI norteamericano ha decidido impulsar una batalla mundial contra estas redes delictivas y ha comprometido en esta guerra a sus países amigos argumentando que "hay víctimas en los cinco continentes".
Loterías y Apuestas del Estado tiene colgado en su página web un "aviso importante sobre estafas" para alertar de la existencia de estas bandas criminales e informar de que "para obtener cualquier premio de la lotería española es imprescindible haber comprado previamente lotería o apuestas", y, además, que "los premios de la lotería están siempre libres de impuestos".
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