Tregua hídrica en Bruselas

En esta campaña electoral no habrá batalla sobre el Ebro. Y tampoco sobre el Tajo. Tras un año hidrológico que aleja el riesgo de sequía y con el abastecimiento garantizado, PSOE y PP han optado por dejar en segundo plano de la campaña electoral la discusión sobre los trasvases. Y, además, embalsar la polémica en el Congreso de los Diputados a la espera de hallar una solución a la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, que en su redacción inicial pactada por PP y PSOE prevé la caducidad del trasvase Tajo-Segura.

Tanto es así, que ambos partidos sólo han colocado una referencia explícita al agua en sus programas electorales. El PP propone "instar" a la Comisión Europea a poner en marcha un programa "específico" de financiación de estructuras hídricas en regiones que tengan un déficit estructural. El PSOE, por su parte, se compromete a proponer "un gran pacto por el agua" que, junto a la energía, forme parte del "catálogo de políticas de seguridad estratégica de la Unión Europea".

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Las buenas intenciones de los dos partidos mayoritarios en asuntos hídricos, aunque diferentes, están alejadas del ardor guerrero que de anteriores convocatorias electorales.

Las instituciones europeas ya liquidaron en la anterior legislatura el debate sobre los trasvases a raíz de la polémica sobre el Ebro. Aún así, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, con la complicidad de su homólogo murciano, Ramón Luis Valcárcel, reabrió la cuestión en el Comité de Regiones de la Unión Europea. La Comunidad Valenciana logró asumir la redacción del informe sobre políticas contra la sequía, que el propio Consell bautizó como Informe Camps. En un hábil trabajo de pasillos, la Generalitat logró colocar en el documento una referencia explícita al carácter positivo de los trasvases en el ámbito de los Estados. La victoria fue recibida con alborozo en abril del año pasado en las filas populares, que lograban meterle un "varapalo" al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ocho años después de derogar el trasvase del Ebro.

Pero sólo fue un espejismo. El Parlamento Europeo, en octubre de 2008, echaba por el suelo el Informe Camps. Y lo hacía a manos de un eurodiputado del Grupo Popular, el austriaco Richard Seeber, al aprobar un informe que indicaba que "la construcción de transvases para el transporte del agua en grandes cantidades no debería ser la solución al problema de la escasez de agua".

La decisión del Parlamento Europeo no cierra la puerta a la posibilidad de reabrir un debate sobre los trasvases que en la UE interesa, sobre todo, a los españoles.

"La vía política siempre está abierta, pero reabrir un debate técnico sobre el trasvase del Ebro tiene pocas posibilidades", asegura Pedro Arrojo, profesor de la Universidad de Zaragoza y promotor de la Fundación Nueva Cultura del Agua.

Arrojo argumenta que la Comisión Europea en su informe ambiental sobre el trasvase del Ebro dejó bien claro que el ecosistema del delta se hallaría "seriamente comprometido" si se abordaba una transferencia de agua como la diseñada. "En el informe económico", prosigue Arrojo, "la Comisión Europea advirtió de que los costes necesarios para el transporte del agua serían muy superiores a los beneficios, aunque no estaba en sus manos impedir que un Gobierno financiase el transporte, siempre que no fuese con fondos europeos".

Para Eva Ortiz, edil oriolana y candidata al Parlamento Europeo, el PP no insistirá en Bruselas en el asunto de los trasvases si es posible alcanzar un acuerdo con los socialistas en España. "Si se puede llegar a un acuerdo con los socialistas, huelga lo que se decida en Europa", explica la candidata popular, "pero primero hay que ver lo que hace el Gobierno central, ver qué pasa con la negociación del Estatuto de Castilla-La Mancha en el Congreso de los Diputados y conocer el alcance del cambio de estrategia de los socialistas en la Comunidad Valenciana y Murcia".

"De todos modos, el tema de los trasvases es uno de nuestros argumentos en todos los actos y la gente nos pide que no cejemos en esa lucha", insiste Ortiz.

El razonamiento de la candidata popular tiene que ver, en buena medida, con el cambio de estrategia del secretario general del PSPV, Jorge Alarte, que ha dado un golpe de timón en el partido para defender codo con codo con los populares el trasvase Tajo-Segura.

Para la diputada autonómica y candidata al Parlamento Europeo Josefa Andrés, "el agua es un tema fundamental para toda la ribera mediterránea, no por el tema de los trasvases y el urbanismo depredador como pretende el PP, sino por la necesidad de garantizar el abastecimiento". "La Unión Europea debería evaluar el funcionamiento de las desaladoras y de los trasvases ya en marcha", prosigue Andrés, "y abordar estudios sobre las previsiones de crecimiento y la sostenibilidad del territorio".

Para el PSOE, esa sostenibilidad pasa por una política hídrica basada en una mejor gestión de los recursos, en ahorros y reutilización, y en la construcción de desaladoras -sin desechar del todo los trasvases, como demuestra el proyecto del Júcar al Vinalopó-. Y aunque en un principio, al derogarse el trasvase del Ebro, esta política generó un rechazo frontal del PP, la Generalitat también ha caminado por esa senda al invertir en depuración y reutilización de aguas residuales para la agricultura. La tensión en torno a los proyectos de desalación también se ha relajado. Las "nucleares del mar", como las llamó Esteban González Pons, el actual portavoz del PP en el Congreso, ya no están en primera línea del debate. Y la cohabitación entre el Gobierno central, que mantiene amplias competencias, y la Generalitat, ha servido para limar asperezas entre ambas Administraciones.

Para Arrojo, las estrategias sostenibles en las zonas costeras hoy en día se vinculan a la desalación, cuya eficiencia ha mejorado notablemente gracias a las nuevas tecnologías. En cambio, sostiene Arrojo, ningún técnico vincula las políticas de lucha contra la sequía a la existencia de trasvases entre ríos de una misma cuenca. Pero ese es un debate que los partidos sólo han colocado en su agenda estatal y autonómica. En Bruselas, de momento, hay tregua.