La asignatura pendiente de las Fuerzas Armadas

El Día de las Fuerzas Armadas que se celebra este año en Santander es, sin duda, una fecha adecuada e idónea para que la sociedad española pueda acercarse a las preocupaciones de los miles de hombres y mujeres que las componen. Sería deseable que el conocimiento de los ciudadanos sobre las Fuerzas Armadas trascendiera los actos oficiales, los desfiles, simulacros exhibiciones y todo aquello que no invita a profundizar en estas cuestiones.

Si preguntáramos a muchos ciudadanos de uniforme sobre lo que esperan del Día de las Fuerzas Armadas su respuesta sería distinta. Con toda seguridad, querrían que sus conciudadanos conocieran otros aspectos más cercanos y reales de sus verdaderas preocupaciones y anhelos.

Hay que regular y adaptar los derechos de los militares a la época en la que vivimos

Les gustaría que se conociera que se ha propiciado un cambio legislativo importante -la Ley de la Carrera Militar- que está generando y va a generar situaciones de desigualdad y desasosiego. Ello se produce por cuanto los cambios en aspectos que afectan a la trayectoria profesional del militar se han producido sin que los destinatarios de los mismos hayan podido conocerlos de antemano y dar opinión sobre los mismos, sobre sus aciertos y sus errores o deficiencias.

Les gustaría que se conociera que oficiales con mucha experiencia, preparación y dedicación han de pasar por un curso de adaptación, que sólo se justifica si se identifica su verdadera naturaleza, alejada de la formación, y ligada a la salvaguardia de posiciones de cierto privilegio, en nada conformes con los principios constitucionales de mérito, capacidad e igualdad.

Les gustaría, también, que se conociera la situación de miles de suboficiales en activo, a los que se les priva o dificulta el ascenso a oficial y además se les somete a una unificación en una escala única, que se afronta sin conocer sus cometidos futuros y sin resolver los problemas derivados de las diferencias de ordenación en sus cuerpos de origen.

Les gustaría, además, que se tuviera conciencia de que nuestros soldados y marineros profesionales están sujetos a un régimen de contratación que resultaría inadmisible, si de empleo ordinario se tratase.

En definitiva, a todos les gustaría que se conociera que sus derechos fundamentales están pendientes de ser regulados y adaptados a la época en la que vivimos y a un entorno de plena ciudadanía, del que, por cierto, ya disfrutan otros ciudadanos de uniforme de la Unión Europea.

La regulación de derechos fundamentales de los militares -derechos humanos para la OSCE- en el seno de las Fuerzas Armadas españolas, es una asignatura pendiente. Gobierno tras Gobierno, sea cual se sea su signo, adquieren el compromiso de llevar a las Cortes una ley de derechos y deberes para los miembros de las Fuerzas Armadas e incluso establecen mandatos legislativos que, por otra parte, incumplen sistemáticamente. Si lamentable resulta esta situación, más grave es que se eluda el cumplimiento de compromisos y mandatos, por falta de suficiente energía para impulsar los cambios en contra de resistencias, que sin duda, existen y existirán. Si no que se lo digan a los guardias civiles, que han pasado por una situación similar a la que se encuentran los militares.

Después de esta inaplazable regulación de derechos fundamentales -que pasa por la desaparición del arresto, mayores garantías de defensa en los procedimientos disciplinarios, por la libertad de expresión, de manifestación y de reunión y, sobre todo, por la regulación del asociacionismo profesional- habrá de producirse la reforma de otros cuerpos legales que están directamente afectados por los derechos y los deberes que se prediquen de los miembros de las Fuerzas Armadas. El Código Penal Militar, el régimen disciplinario, las reglas de comportamiento y las nuevas reales ordenanzas, deberán ser adaptados al nuevo escenario de derechos fundamentales de los militares.

Por último, sería conveniente que los ciudadanos conocieran la situación de lo que se denomina Justicia Militar. Es decir, los órganos judiciales en que los militares pueden obtener tutela judicial efectiva sobre la aplicación del ius puniendi del Estado, los delitos militares y las faltas disciplinarias. En este sentido, es necesario que la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo se integre, exclusivamente, por magistrados de carrera y no, como hasta el momento, por militares de carrera, muchos de ellos provenientes de las asesorías jurídicas de los Cuarteles Generales de los Ejércitos o del propio Ministerio de Defensa.

La desafectación de los miembros de los tribunales militares del Ministerio de Defensa es fundamental para arrumbar cualquier atisbo o duda de dependencia. No es posible, por ejemplo, que una misma persona pueda ser juez, fiscal, secretario relator y asesor jurídico militar, sin que ello suponga ningún tipo de impedimento o limitación en su carrera profesional. Por otra parte, la carencia de medios, de recursos humanos justamente retribuidos, en los tribunales militares es otra de las grandes carencias de este sistema, que deben afrontarse de manera inmediata.

Mariano Casado Sierra es secretario general de la Asociación Unificada de Militares Españoles, AUME.