Los juzgados valencianos no soportan la carga de trabajo que genera la crisis

Resulta una paradoja cruel: a mayor crisis económica, más carga de trabajo en los juzgados. Los despidos, desahucios, impago de deudas y concursos de acreedores inundan las salas de justicia destinadas a tratar los asuntos mercantiles, civiles y sociales. No debe extrañar, pues, que Juan Luis de la Rúa, presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, reclamara ayer en la presentación de la memoria correspondiente a 2008 la creación de 107 órganos judiciales para hacer frente a la carga de trabajo que soportan los magistrados y los funcionarios de justicia.

Los datos son contundentes: la Comunidad Valenciana lidera en España los asuntos a tratar, por encima de Madrid y Cataluña, pero ocupa el puesto decimoquinto en lo referente a número de jueces por cada 100.000 habitantes. La tasa de litigiosidad -asuntos por cada 1.000 habitantes- es superior a la media española y solo por detrás de Andalucía y Madrid. Pero si la visión de conjunto es preocupante, cuando se desciende a las áreas de Mercantil, Civil y Social, el diagnóstico es grave.

Durante el pasado año, los concursos de acreedores crecieron un 196,96%. Los juzgados de Lo Social, que afrontan cuestiones laborales, tuvieron un incremento de casi un 34% de asuntos ingresados. Y la ejecución de esos mismos asuntos aumentó en un 12,93%, mientras que las reclamaciones entre particulares crecieron por encima del 41%. El primer cuatrimestre no tiene mejor pinta: una subida de los asuntos de entrada del 37,4% por reclamaciones entre particulares y un incremento del 119,7% de asuntos por despidos.

Los resultados de esta avalancha son muy serios: un número importante de casos quedan pendientes ante la imposibilidad de sacarlos adelante por falta de recursos materiales y humanos y, a juicio del presidente del TSJ, tienen consecuencias muy serias. Si los concursos de acreedores no se resuelven en tiempo y forma se provocan nuevos concursos, porque hay empresas que no pueden resistir si no cobran una determinada deuda y se ven abocadas a presentar a su vez un concurso. Y si la justicia no falla dentro de los plazos que marca la ley, el Estado tendrá que hacerse cargo de los salarios de tramitación. Un mal negocio para todos.