Álava lleva a Madrid todas las iniciativas de las Juntas que piden el cierre de Garoña

La Diputación de Álava presionará directamente al Gobierno central para que se cierre la central nuclear de Garoña. El diputado alavés de Medio Ambiente, Mikel Mintegi, viaja hoy a Madrid para presentar todas las iniciativas recogidas en las Juntas Generales exigiendo la clausura de la instalación.

Cuando faltan ocho días para que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) se pronuncie sobre este asunto, Mintegi insistió en que "no nos podemos quedar quietos". "Ya que ellos no nos reciben, iremos nosotros directamente". El diputado foral descalificó el argumento de que la clausura obligaría subir un 10% la tarifa eléctrica. "Es mentira. La única estrategia del sector no es dar razones, sino dar miedo y amenazar". Mintegi opinó que el Ministerio de Industria debe decidir ahora entre "este interés del lobby" y la "salud de la ciudadanía y la apuesta por las energías verdes".

Ayer, personalidades de distintos ámbitos sociales como escritores, deportistas o sindicalistas, difundieron en Vitoria un manifiesto a favor del cierre inmediato de la central nuclear, por considerarla "un peligro innecesario con el que es preciso acabar, como lo atestiguan las numerosas movilizaciones ciudadanas y pronunciamientos públicos".

Los firmantes, entre los que están el secretario general de ELA Adolfo Muñoz, la escritora Toti Martínez de Lecea, el ex alcalde de Vitoria José Ángel Cuerda o los montañeros Iker y Eneko Pou, se suman a la manifestación convocada para mañana en la capital alavesa.

A las iniciativas en contra se sumó también la Coordinadora Estatal Antinuclear, integrada por varios grupos ecologistas, que inició una campaña de envío de correos electrónicos al presidente Rodríguez Zapatero. Aseguran que Garoña tiene un "diseño obsoleto y fuera de normativa", además de "graves problemas de seguridad".

La central fue inaugurada en 1971 y el permiso de explotación expira el próximo 5 de junio. Pero los promotores han solicitado una prórroga de la licencia por otros diez años. El nuevo Gobierno vasco ha señalado sobre la cuestión que el PSE "tradicionalmente ha defendido el cierre", pero que se debe esperar el informe del CSN.