La bronca por la corrupción estalla en el Parlamento

En vísperas electorales los partidos suelen utilizar todas las armas a su alcance para debilitar al adversario. La crisis económica y el vértigo que sienten los ciudadanos ante un modelo que se derrumba -los dos flancos por donde ha atacado el PP en la precampaña- se han quedado cortos. Por eso, a diez días de los comicios europeos, la bronca ha terminado por estallar con el hilo conductor de la corrupción. El Parlamento andaluz fue ayer un descarnado campo de batalla donde los dos partidos mayoritarios extrajeron de sus respectivos baúles viejos casos dudosos. El resultado: anuncios de querellas y una tanda de advertencias veladas sobre el daño que se pueden hacer. La siguiente frase del consejero de Gobernación, Luis Pizarro, resume gráficamente el clima: "Donde las dan, las toman".

La espita la abrieron los populares al acusar al ex presidente de la Junta Manuel Chaves de nepotismo por el incentivo de 10 millones de euros concedidos una empresa donde trabaja como jurista su hija Paula.

El consejero de Innovación, Martín Soler, facilitó la jornada del miércoles detalles de cómo se tramitó el expediente, y la conclusión es la siguiente: la ayuda a la multinacional canadiense Minas Teñidas (Matsa) se concedió antes de que Paula Chaves la representara, la normativa no se modificó para favorecer a la empresa y, según la jurisprudencia, aseguró Soler, el hecho de que el Consejo de Gobierno ratifique el incentivo no significa que lo apruebe -lo hizo la Agencia IDEA- si no que lo refrenda como control de legalidad.

El altercado se produjo igualmente. El PP está convencido de que ha encontrado un hueco por el que colarse y relegar el caso Correa a un segundo plano. Llevaba semanas con preguntas sobre el asunto en el Parlamento andaluz hasta obtener la información y analizar los documentos en la Agencia IDEA. Todos los dirigentes populares del ámbito nacional han salido en escalera pidiéndole explicaciones a Chaves y ya han solicitado la comparecencia urgente del vicepresidente de Política Territorial en el Congreso de los Diputados.

La jornada plenaria del miércoles de la Cámara autonómica terminó con una estridente vocinglería y la amenaza de Javier Arenas, presidente del PP, de interponer una querella. Porque en el último turno del consejero Soler, éste aprovechó para devolverle el golpe. Tras advertir como preámbulo que habían tomado "un mal camino", se dirigió al líder popular y le pregunto si consideraba lícito que le llamara corrupto porque un medio de comunicación asegure que está en el punto de mira de la Unidad de Delitos Económicos y otro sostiene que recibió de Francisco Correa un reloj de pulsera valorado en 1.500 euros.

Con la misma fórmula, el socialista habló también de que se ha fotografió jugando al pádel con Jesús Sepúlveda y Luis Bárcenas, ambos acusados de haber recibido sobornos. Y de que la empresa eléctrica de Olvera Nuestra Señora de los Remedios, que era de la familia de Arenas, y aunque fue vendida en ella figura aún su hermano Eduardo, recibió "cuantiosos" incentivos de la Junta y el Gobierno de la nación cuando el popular era ministro del Ejecutivo de José María Aznar. Otro de los casos que sacó a colación Soler es la posibilidad de que un juzgado tenga "una pieza aparte" con los "viajes y regalos" a Javier Arenas de la agencia Viajes Pasadena, de Correa.

Después del tremendo ruido y las declaraciones escandalosas, contra lo que se podía pensar, Arenas dejó escapar ayer la ocasión de hacer del asunto de Minas y Aguas Teñidas la estrella de su cuerpo a cuerpo con el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, en la sesión de control. Sólo hizo una fugaz referencia a que aceptara la creación de dos comisiones de investigación. De hecho, el día anterior el portavoz que dio la réplica a Soler fue el diputado José Luis Rodríguez, en lugar de los dos pesos pesados que, sin embargo, llevan la voz cantante para la prensa, Antonio Sanz (secretario general) y Esperanza Oña (la portavoz).

Precisamente, ambos fueron los encargados de anunciar que su presidente ha puesto a trabajar a los servicios jurídicos del partido en una posible querella por injurias contra Soler, a sabiendas de que, en cualquier caso, éste goza de inmunidad parlamentaria mientras hable en el pleno. Aunque ni Oña ni Sanz se refirieron a ello, fuentes del partido aseguraron que también estudia denunciar a Chaves por tráfico de influencias, acusación que formuló Rodríguez el miércoles durante el debate y que está tipificada como delito. La petición de una comisión de investigación en la Cámara andaluza ya ha sido registrada, así como, aseguró el PP, un requerimiento notarial a la Agencia IDEA para que les facilite una copia completa del expediente.

Los populares inundaron ayer la sesión de control al Gobierno de alusiones a las supuesta contratación en masa por parte de las administraciones de familiares de los cargos socialistas. Tres de las preguntas fueron para Luis Pizarro, a quien Oña acusó de forzar la contratación de su esposa, Elena Ruiz, en la Diputación de Cádiz. En un violento debate, la portavoz del PP le dijo al socialista que su trayectoria está repleta de "arbitrariedad, favoritismo y prebendas", y que el nombramiento de su mujer se había producido a través del servicio de compras, lo que da una idea de su "sectarismo" y "mal estilo".

Visiblemente enojado, Pizarro aseguró que es "totalmente falso" que su mujer trabaje en la Diputación gaditana y señaló: "Usted no tiene moral ética ninguna, le da exactamente igual". "Nosotros también sabemos cosas de familias del PP, así que tengan cuidado por dónde entran porque donde las dan, las toman", agregó.

Como quiera que el PP repartió a la prensa una fotocopia del BOPA donde aparece el nombramiento de la esposa de Pizarro el 1 de septiembre de 2004, el PSOE contrarrestó con el ejemplar entero en el que se advierte un error tipográfico, ya que en el índice y en la propia firma del presidente está catalogado como nombramiento. En cualquier caso, Elena Ruiz cesó 15 días después.

Por otra parte, la mayoría del PSOE rechazó la apertura de una comisión de investigación sobre el caso Mercasevilla.