Camps y Torquemada

El Partido Popular ha cedido a la tentación de confundir unos eventuales resultados favorables en las próximas elecciones europeas con una absolución en los casos de corrupción que afectan a destacados dirigentes y cargos institucionales, como Francisco Camps. Esta reacción no constituye una sorpresa, puesto que se dejaba traslucir en las declaraciones de los líderes populares, incluido el propio Camps, desde que trascendieron las primeras decisiones de la Audiencia Nacional relacionadas con el caso Gürtel. Pero más grave aún es que esta forma de eludir responsabilidades tampoco representa una novedad en las estrategias del PP para enfrentar los casos de corrupción que le afectan: su respuesta a la imputación de Camps es idéntica a la que ofreció en los procesos judiciales contra el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, para quien el fiscal acaba de solicitar dos años de cárcel.

La dirección nacional de los populares, con Mariano Rajoy a la cabeza, ha decidido cerrar filas con el presidente de la Generalitat valenciana. La incondicionalidad de este apoyo no es sólo asunto del PP y de sus complejos equilibrios internos, en los que Camps llegó a afirmarse como un sólido apoyo de Rajoy durante el acoso de Esperanza Aguirre y de los sectores más radicales del partido tras la derrota en las últimas elecciones generales; es también, y sobre todo, una cuestión que afecta al obligado respeto a los tribunales desde los partidos políticos.

Rajoy ha apuntado a los "Torquemada del siglo XXI" como causantes de los problemas de Camps con la justicia. Las palabras del líder de la oposición descalifican gratuitamente la actuación de los jueces y, en concreto, del instructor del caso en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Porque, o bien ese juez forma parte de los Torquemada en los que Rajoy resume su versión conspirativa del caso Gürtel, o bien se ha dejado embaucar por ellos al mantener la imputación de Camps tras su declaración del pasado martes. Sea cual sea la hipótesis que se escoja, parece impropio de una fuerza política con vocación de Gobierno propagar insinuaciones sobre la justicia en lugar de exigir responsabilidades a sus militantes. Eso es lo que establece el código de conducta del PP y ésa es la decisión que ha adoptado en relación con los implicados en la Comunidad de Madrid.

Los problemas judiciales de Camps se deben exclusivamente a comportamientos sobre los que no ha ofrecido ninguna explicación. Y el cerrado apoyo de Rajoy sólo significa, por su parte, que el Partido Popular ha renunciado a exigírsela. Al seguir este camino, el PP y su dirección nacional no quedan a merced de los resultados electorales, como pretenden sus dirigentes en un intento de repetir la estrategia ensayada con Fabra; quedan a merced de lo que decidan los tribunales. Y de momento, lo que han decidido los tribunales ya les ha llevado a proteger a destacados imputados por cohecho.