El delegado de Ourense culpa del fraude a una empresa de la que es apoderado

El superdelegado de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez, declaró ayer durante hora y media ante la juez de instrucción de Ribadavia, a quien la Audiencia Provincial ordenó el pasado enero reabrir la investigación sobre los supuestos delitos de estafa, malversación y falsedad documental en la gestión de fondos europeos. El representante de la Xunta negó haberse quedado con el dinero de los fondos que, según el informe de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader), del Ministerio de Agricultura, y de una sentencia firme de la Audiencia Nacional no se invirtieron en las obras que él y sus socios en la agrupación local Ceivam certificaron como realizadas.

Martínez sembró la duda sobre el destino de esos más de 50.000 euros de las arcas públicas, aunque en su declaración ante la juez apuntó hacia los técnicos señalando que él firma lo que le ponen delante. En su comparecencia posterior ante los medios de comunicación reiteró su inocencia y advirtió: "Tendrá que devolver el dinero la promotora adjudicataria porque ya le quedó clarísimo a la jueza que yo no cometí ningún fraude". Sin embargo, acabó reconociendo que él es apoderado en esa empresa adjudicataria, Actuar, S.L. (de la que el Ayuntamiento de Arnoia tiene el 50% del capital), junto con sus socios de Ceivam, que ayer también declararon.

"Ya le quedó clarísimo a la jueza que yo no cometí ningún fraude"

El dirigente del PP restó importancia a la investigación judicial. "No estoy imputado; esto es una imputación procesal y la juez tendrá que ver si la mantiene", explicó. El representante del Gobierno gallego tildó la denuncia, presentada en 2006 por el BNG de Arnoia, de "política" y calificó de "camarilla del BNG" a la Axencia Galega de Desenvolvementio Rural (Agader), que abrió el expediente administrativo, y al Ministerio de Agricultura que le exigió la devolución del dinero no invertido (acuerdo que Martínez recurrió ante la Audiencia Nacional, que desestimó su petición y lo condenó a devolver las subvenciones). "Agader estaba manejada por la misma camarilla que presentó la denuncia y el Ministerio de Agricultura estaba dirigido por los mismos", afirmó. "Había que joder a alguien; a alguien que se llamaba Rogelio Martínez", espetó.

"Está clarísimo que yo no metí nada en el bolsillo", dijo, y acusó a PSOE y BNG de someterlo a un proceso paralelo. Entre quienes "impiden que el asunto se resuelva en sede judicial" citó a "personas imputadas y procesadas, en algún caso por acoso laboral, como

[el secretario de los socialistas gallegos] don Pachi de Carballiño, [el senador socialista] Miguel Fidalgo, o [la ex vicepresidenta del Parlamento gallego] Tereixa Paz".

Minutos después, el PSOE anunció que estudia personarse en el juicio junto con otros colectivos sociales de Ribadavia. Los socialistas aseguran que "cada vez que se levanta un papel sobre Ceivam aparecen irregularidades más graves" y ayer denunciaron adjudicaciones a empresas a las que está vinculado Martínez como Cultivos Ribeiro, en la que es apoderado y que percibió de Ceivam (en la que era presidente) más de 45 millones de pesetas.

"Hay una causa delictiva más grave que la simple desviación de fondos", sostiene el PSdeG. La diputada Laura Seara declaró "causa política de primer orden" la actuación de quien va a "gestionar ahora los fondos de la Xunta en Ourense" y reclamó al presidente de la Xunta "que no espere un solo día" para destituirlo.

A la denuncia de los socialistas se suma la decisión del BNG de presentar llevar el asunto a Bruselas. La candidata del Bloque, Ana Miranda, aspira a que la Comisión Europea adopte medidas disciplinarias contra el delegado de la Xunta. Miranda se pregunta "con qué autoridad moral se presenta el PP a las elecciones europeas y con qué autoridad moral va a pedir el PP ayudas en Bruselas".

Por su parte, el PP cierra filas con su delegado. El número dos, Alfonso Rueda, negó la semana pasada que hubiera una sentencia de la Audiencia Nacional y habló de "fallo administrativo". Ayer, el vicesecretario y portavoz, Antonio Rodríguez Miranda, subrayó que la condena no recae sobre Martínez sino sobre las empresas encargadas de las obras, olvidando mencionar que Martínez formaba parte Actuar, S.L. El PP, que presentó una querella penal por la autovía del Barbanza, sobre la que basó su estrategia de oposición cuando el juez imputó a cuatro funcionarios de Política Territorial que fueron absueltos, recrimina ahora a PSdeG y Bloque que acudan al juzgado.